La Secretaría de Gobernación () arrancó ayer una serie de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda de personas, con el fin de fortalecer la estrategia impulsada por la presidenta . En la reunión se acordó que el gobierno no permitirá omisiones o corrupción en la cadena de funcionarios que atiendan los casos.

En la primera reunión de al menos seis que se tienen contempladas en abril, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió ante integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco a dar un ultimátum a los funcionarios que “no se comprometan” con la atención prioritaria a los casos de desaparición.

“Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta.

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“Escuchamos las quejas de que a veces [funcionarios] son indolentes ante el dolor y eso es lo único que no podemos permitir, que maltraten a las víctimas. Entonces, se va a poner remedio si eso no se cambia, eso no se justifica. Sí, es un ultimátum”, dijo en entrevista.

La lideresa del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, admitió que el trato que les está dando el gobierno federal es en esencia diferente al que recibieron de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto es un acercamiento histórico, lo pedíamos y creo que dio resultados, no sólo nuestro colectivo, hablamos en general de todos los colectivos del país. Nunca tuvimos este acercamiento como lo estamos teniendo ahora y creo que es un buen comienzo”, dijo Navarro.

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Detalles de la reunión

En la primera Mesa de Diálogo Búsqueda que organizó la Secretaría de Gobernación participaron al menos 33 personas integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes encontraron en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pruebas de un campo de adiestramiento criminal donde también se asesinaba a personas.

Según lo aseguraron buscadoras del colectivo y las autoridades, en la reunión —que se efectuó en un hotel de la Ciudad de México— familiares de desaparecidos pudieron presentar datos y pruebas sobre dónde podrían estar sus seres queridos y el reclamo más repetido era la omisión de las autoridades locales.

El ultimátum dado por Gobernación “era lo que estábamos esperando”, aseguró Navarro en entrevista posterior a la reunión que duró más de cinco horas.

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“Hasta ahorita estamos tranquilos, sabemos que este acuerdo puede funcionar. Ha habido mucha corrupción y omisión, al menos en Jalisco. Hemos sido revictimizadas y estigmatizadas, y se han violado nuestros derechos como víctimas”, añadió la buscadora.

El compromiso concreto de la Secretaría de Gobernación es remover a cualquier funcionario que no muestre empatía y compromiso, que no atienda o no genere resultados en los casos asignados sobre desapariciones, precisaron buscadores integrantes del colectivo a EL UNIVERSAL.

Además, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entregó un pliego de peticiones a la Segob y otras autoridades presentes. Entre sus demandas están que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asuma el liderazgo contra las desapariciones en el país.

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Otra petición es que se incluya el problema de las desapariciones en las políticas de seguridad del gobierno federal y ampliar las competencias de la Fiscalía General de la República (FGR) para que conozca e intervenga en casos de desapariciones que involucren territorios en más de un estado del país.

Pidieron también que agentes ministeriales y policías cuenten con personal certificado y mayor apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para casos locales.

También demandaron reforzar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas para que realmente se encuentren en él todas las personas desaparecidas y hacer un censo o una encuesta nacional sobre las familias afectadas.

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Otra solicitud fue una ayuda mensual para todas las familias que tengan a alguno de los padres en calidad de desaparecido y con hijos o hijas menores de edad; presionar a los gobiernos de los estados para que agilicen los procesos de identificación y que garanticen la apertura y diálogos permanentes.

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