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“…[E]s de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial... Es un Poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentísimo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia... No es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo. No imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos.” AMLO, 26 de septiembre, 2023
El presidente López Obrador critica constantemente al Poder Judicial, señalándolos por privilegios y corrupción. Pero, si son tan corruptos, ¿por qué la Fiscalía General de la República o las estatales no han abierto cientos de carpetas de investigación en contra de jueces y magistrados? Hasta la fecha, se conocen pocos casos al respecto y todos con evidente matiz político.
Resulta cómodo culpar a unos señores y señoras que portan una toga que al propio gobierno. Es mucho más fácil posicionar una narrativa sobre los miles de pesos que ganan los y las jueces en México, de sus privilegios y de cómo deberían de ser servidores públicos al servicio del pueblo de México, en vez de hablar del verdadero problema: la impunidad.
Poco o nada se habla desde la silla presidencial sobre la alarmante cifra negra: según el INEGI, solo se denuncia 1 de cada 10 delitos en México. ¿La razón? Desconfianza en las instituciones. Las secretarías de seguridad, que son las encargadas de prevenir y combatir delitos, claramente no van bien. Las fiscalías, que es donde denunciamos delitos y que además son las encargadas de procurar justicia, tampoco han avanzado para bien. En el último eslabón está el Poder Judicial, encargado de impartir justicia y donde según el presidente está el problema.
Vámonos a los datos: según Cero Impunidad, del total de delitos denunciados en México, solo el 4.6% llega ante un juez. World Justice Project señala que 1 de cada 2 investigaciones quedan olvidadas en el archivo temporal. México Evalúa indica que en la Fiscalía de la Ciudad de México, del total de carpetas de investigación iniciadas, apenas el 12.8% se judicializa y sólo el 0.24% llega a juicio oral.
Estás cifras no son más que un reflejo de la impunidad en México. No son los jueces quienes sistemáticamente liberan delincuentes, son las fiscalías las que sistemáticamente fallan en investigar, recabar pruebas y presentar casos sólidos. ¿Cómo se espera justicia si la mayoría de los delitos ni siquiera llega ante un juez?
La resolución efectiva de la injusticia provocada por la comisión de un delito inicia en las fiscalías. En lugar de esclarecer la verdad y presentar a los verdaderos responsables ante los tribunales, a menudo persiguen a inocentes y vulneran sus derechos, mostrándolos como culpables ante la sociedad, mucho antes de que un juez pueda decidir. Antes de señalar al Poder Judicial como el origen del problema, es fundamental reconocer el papel crucial y, a menudo, deficiente, de las fiscalías. Esas mismas que, a pesar de tener autonomía constitucional, parecen rendir cuentas a la política y no a la justicia. Antes de impulsar reformas judiciales y de eliminar supuestos privilegios, miremos a las fiscalías y preguntemos: ¿Están verdaderamente al servicio de la justicia?
Abogado penalista
