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La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la doctora Mara Gómez Pérez, reconoció en dos reuniones con diversos colectivos de la República que la institución a su cargo se ha visto rebasada en trabajo y no ha podido brindar la atención necesaria a los usuarios, debido al poco personal, presupuesto y al incremento de víctimas.
“El problema es gigantesco, no tienen idea de qué magnitud: vamos a empezar con desaparición forzada, que es el primer punto; ejecución extrajudicial; detención arbitraria; tortura; feminicidio, y trata. Esas son las prioridades y no digo que las otras violaciones a derechos humanos no sean graves, pero hay que empezar por algo”, dijo.
La doctora explicó a las familias de personas desaparecidas que cuando llegó a la institución empezó a ver las realidades concretas y a trabajar en ello. “Plantearnos cómo vamos a conseguir más abogados, más atención completa; cómo vamos a operar de otra manera”.
Según la CEAV, hay 34 mil 215 personas en el Registro Nacional de Víctimas y la institución cuenta con “60 sicólogos para el país y 70 abogados, que hay uno o dos por estado y los demás en la Ciudad de México, llevan entre 100 y 250 casos cada uno”.
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Pese a la falta de personal para operar, en marzo se redujeron áreas para la atención de víctimas y otras desaparecieron, entre ellas la unidad de análisis forense y derechos humanos. “Yo intenté hacer el peinado principal del personal que no funcionaba o que no tenía el perfil.
“Ahora estamos tratando de no correr gente porque también es muy desgastante, además de que las plazas están congeladas. Es muy difícil llegar a una institución grande y tomar las decisiones correctas” comentó la titular de la CEAV.
Añadió: “Estamos capacitando a toda el área jurídica para que haga análisis de contexto y eso implica la necesidad de forense. Estamos haciendo un convenio para que forenses de la facultad de la UNAM vengan a ayudarnos, sabiendo también que la búsqueda en concreto le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda”.
Para la atención a las víctimas, la CEAV instaló oficinas, pero en su mayoría no son propietarios de ningún inmueble en los que opera. Ha tenido que subcontratar servicios. Gran parte del personal fue contratado “de manera irregular, con plazas eventuales y por outsourcing”. según un comunicado. Con todo esto, las familias alegan que en ocasiones la única atención que reciben es del policía que se halla en la entrada.
“Los teléfonos de la CEAV no funcionan —reconoció Gómez—. No tenemos un centro de atención, ¿cómo vamos a atender a las miles de personas que llaman día a día? Por ahora la doctora Ángeles me hace el favor de responder desde su teléfono”.
Colectivos integrados principalmente por familias reportaron que las desapariciones no cesan y diariamente hay más víctimas que son desatendidas por la institución, que es un órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y fue creado en exigencia de la sociedad para que el Estado garantice de manera integral la asistencia y protección, con base en la Ley General de Víctimas. Los afectados tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición, dijo la titular de la CEAV.
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“Olvidan que la instituciones [la Comisión Nacional de Búsqueda y la CEAV] fueron creadas por y para las víctimas —dijo Karla Guerrero—. Hemos trabajado mucho para que esa ley y esa comisión existieran y están echando abajo el esfuerzo de años, mientras nosotros seguimos en las mismas: nuestros familiares no aparecen y no los vamos a encontrar con trabas en las comisiones. Enfrentamos dos emergencias y ninguna puede esperar”.
Los colectivos manifiestaron que Mara ha incumplido en proporcionar asesoría jurídica, así como suministrar oportuna y eficazmente los medios necesarios para el desahogo de las diligencias y el cumplimiento de las búsquedas en campo, semefos, reclusorios, fosas clandestinas, hospitales, albergues, etcétera.
Jaime Rochín fue un funcionario que durante seis años encabezó la CEAV y presentó su renuncia en junio de 2019. El 10 de diciembre, Gómez Pérez tomó el cargo. “En general la CEAV antes tenía problemas, ahora tiene más porque hay menos dinero y además viene un problema económico en el país (...) Yo lo digo en las reuniones con colectivos: el dinero se está acabando. El fideicomiso cuando llegó Rochín tenía mil 600 millones, pero ahorita tiene 430 millones. Ya se está acabando”.
La CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales. “Han perdido 154 y están pidiendo montos millonarios. No hay manera de pagar eso” exclamó.
Ante la poca disponibilidad de recurso, la comisionada plantea que los apoyos van a irse sustituyendo de otras maneras y se van a basar en un estudio de trabajo social personalizado, en lo que llama un nuevo Modelo Integral para la Atención a Víctimas que ha ido construyendo desde hace seis meses.
“El Modelo Integral de Atención a Víctimas que estamos terminando, habla justo que la atención tiene que ser integral con las capacidades del Estado, no sólamente la parte económica, que es a la que se le ha dado prioridad. Quisiera que se discutiera el nuevo modelo, que no es más que funcione la institución, lo que dice la ley, pero ahora sí aplicado”, dijo.
El plan de trabajo incluye a la secretarías de Salud, Educación Pública y Bienestar, cuyo acuerdo está en proceso. “La CEAV sola no puede, el recurso no va alcanzar para la magnitud y la gravedad de las víctimas”. El modelo aplicaría para el país. No se ha debatido con colectivos.
La licenciada Eunice Rendón, del programa PROVÍCTIMA, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planetó que los procesos administrativos de la CEAV someten a las familias son revictimizantes.
