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Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, bajo el lema “Justicia social para todas las personas. ¡Poner fin al trabajo infantil!” En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó esta fecha para poner de manifiesto la gravísima situación de las niñas y los niños que trabajan y para servir como catalizador del creciente movimiento mundial que hace frente a este desafío.
El trabajo infantil no es un juego, sino una realidad diaria que ocurre en todo el mundo. La razón por la cual existe puede variar; no obstante, el Preámbulo del Convenio núm.182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, explica que “se debe en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal”.
Debemos estar conscientes de que tolerar el trabajo infantil no termina con la pobreza y la exclusión, por el contrario, aumenta las probabilidades de que las y los niños que se encuentran en esta situación no consigan ingresos decentes y un empleo estable cuando sean adultos.
Esto se debe a que el trabajo infantil compromete la asistencia de las niñas y los niños a la escuela, así como su rendimiento. En los peores casos, les obliga a abandonar completamente sus estudios. Y en un mundo del trabajo en donde cada vez hay una demanda mayor de mano de obra más y mejor calificada, el trabajo temprano termina reduciendo la oportunidad de que niñas y niños puedan tener en el futuro una trayectoria laboral con trabajo decente.
Un principio para crear políticas públicas, programas y acciones que combatan el trabajo infantil es la justicia social. Este es el principio que permite que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desventaja social tengan oportunidades de acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de sus derechos humanos para continuar con sus estudios, acudir a una consulta médica, consumir alimentos y a que sus padres, madres, tutores o quienes estén en su cuidado, puedan tener trabajo digno que les permita vivir su niñez y adolescencia de la mejor manera.
Particularmente, la justicia social representa una gran estrategia para hacerle frente al trabajo infantil porque ser una niña, niño o adolescente que trabaja no es fácil. El trabajo infantil implica dejar de jugar, estudiar, dormir, comer y descansar para ir a realizar actividades que le corresponden a un adulto. En la vida de una niña o niño trabajador, el riesgo de desertar de la escuela, sufrir una lesión física, en su salud emocional y psicológica, estar atrapados en trabajos forzosos o incluso la muerte, representan un peligro constante. Todos los riesgos se incrementan con la era post COVID-19, el aumento de la pobreza extrema y las consecuencias del cambio climático.
Algunas de las estrategias para alcanzar la justicia social y que sin duda contribuirían a la eliminación del trabajo infantil son los programas de transferencias en efectivo y en especie; programas de empleo público; protección social de la salud; prestaciones de maternidad; protección social de las personas con discapacidad; y la protección contra el desempleo, que proporciona a las y los adultos una sustitución de ingresos al menos parcial, que reduce la necesidad de depender de los ingresos de las y los niños trabajadores cuando se enfrentan a la pérdida del empleo.
Es importante recordar que el Convenio núm.182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y el Convenio núm. 138 de la OIT sobre la Edad Mínima para Trabajar, establecen el compromiso que tienen los Estados miembro en crear acciones que prevengan y eliminen el trabajo infantil de manera pronta y urgente. Específicamente, el Convenio núm. 182 señala “(…) la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a las y los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias”.
En este sentido, la OIT, a través de su Oficina País para México y Cuba, ha emprendido diversas acciones para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, hemos contribuido con el fortalecimiento de las Comisiones Intersecretariales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) a nivel federal, en los estados y a nivel municipal.
Estas comisiones en su mayoría están integradas por representantes de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (que la preside); Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Turismo; Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Impulsamos que, además, tengan una representación tripartita integrando a organizaciones de empleadores y trabajadores.
También, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hoy hemos dado a conocer un Manual de Creación, Instalación, Operación y Sostenibilidad de la CITI y una Caja de Herramientas para facilitar y optimizar el trabajo que realizan estas comisiones.
Esto lo realizamos a través de la cooperación técnica con diferentes instituciones y países en el marco del proyecto "AccioNNAr. Combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso”, que cuenta con la contribución del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, así como con la colaboración de constituyentes federales y de los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. El objetivo de este proyecto es fortalecer la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno para impulsar las políticas públicas y acciones que prevengan, eliminen el trabajo infantil, trabajo forzoso y contribuyan a la gobernanza de la migración laboral.
Estas acciones son muestra de que la prevención y eliminación del trabajo infantil a través de la justicia social debe de ser llevada del discurso a la realidad. Se deben emprender políticas públicas, programas y acciones que se vuelvan herramientas para prevenirlo y eliminarlo y que todas ellas, le brinden a las niñas, niños o adolescentes una oportunidad para sí trabajar, pero en sus sueños, en sus estudios y que vivan una niñez y adolescencia plena, libre de violencia, y con un mejor futuro.
*Director de la oficina País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba.
