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Tras las declaraciones de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien calificó de "perversa" la observación que realizó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la implementación de la reforma electoral.
La Jufed señaló que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal, no es una postura "perversa" sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.
El 6 de enero la Jufed indicó que la autoridad electoral podía llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y, por lo tanto, incurrir en las mismas conductas sancionables.
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Este lunes, la Asociación llamó a la presidenta Guadalupe Taddei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional.
La Jufed destacó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción.
Abundó que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen el sistema de justicia, más aún, la Ley de Amparo refiere con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de esa inobservancia.
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“Calificar como perversa esta postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
“Reiteramos que nuestra única finalidad es asegurar que las instituciones del Estado, incluyendo al INE, actúen con pleno apego a los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen nuestra democracia”, aseveró la Asociación.
El organismo subrayó que su preocupación es proteger a la ciudadanía y que advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada, no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica.
Esto por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho.
La Jufed sostuvo que como titulares de órganos de control constitucional, su obligación no solo es resolver los conflictos legales que se nos presentan, también prevenir las consecuencias negativas que puedan derivarse de la falta de observancia de las resoluciones.
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