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Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, rechazó suspender el plazo de cinco días que le otorgó a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, para que cumpla con el pago de una garantía de un millón de pesos y con ello siga vigente la suspensión definitiva que evita que la FGR lo detenga por el momento.
Registros judiciales indican que el experredista solicitó a Vargas Alarcón suspender dicho plazo, por lo que interpuso un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal Colegiado.
Mientras el asunto es revisado el Tribunal Colegiado, el plazo de cinco días seguirá vigente, aclaró Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, quien concedió la suspensión definitiva al michoacano la semana pasada.
“Ahora bien, respecto a su solicitud consistente en que se suspenda el plazo de cinco días a que se condiciona la efectividad de la suspensión definitiva, con motivo del recurso de revisión interpuesto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad dicha petición”, indicó en acuerdo publicado este jueves.
Señaló que se encuentra vigente la obligación del exmandatario de cumplir con las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo del año en curso, así como el apercibimiento decretado en dicho auto, de las cuales tiene pleno conocimiento.
“Hágase del conocimiento de la parte quejosa que se encuentra vigente su obligación de cumplir con las medidas de aseguramiento decretadas en resolución interlocutoria de catorce de mayo del año en curso así como el apercibimiento decretado en dicho auto, de las cuales tiene pleno conocimiento”.
La jueza dejó en claro que dichos requisitos obedecen “a la necesidad de evitar que el quejoso evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación”.
Cabe recordar que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, está acusado del presunto desvío de más de tres mil millones de pesos en la construcción de cuarteles para la policía estatal.
Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, libró la orden de aprehensión contra el experredista y lo citó a comparecer para el 20 de agosto de este año.
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