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Al conceder el primer amparo contra la reforma judicial, la jueza Sexta de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, consideró que en la aprobación de la nueva legislación hubo un “efecto corruptor”, en el que se presentaron diversas irregularidades, “desde la amenaza, coacción y soborno” de senadores.
En sentencia emitida hace unos días, Ruiz Márquez otorgó la protección de la justicia a un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el efecto de invalidar el proceso de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena.
“En el caso se presentaron diversas irregularidades, desde la amenaza, coacción y soborno en contra de diversos senadores, generando vicios en su consentimiento, lo que provocó un efecto corruptor de todo el proceso legislativo”.
La jueza determinó que el “proceso legislativo también violó los artículos 20 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 4, 16, 63 y 72 de la Constitución, por el traslado a una sede alterna, sin garantías de identificación, ni quórum de las personas que votaron el dictamen en la Cámara de Diputados”.
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