Un juez federal rechazó desbloquear las cuentas bancarias de la diputada federal de Morena, , acusada por el gobierno de los Estados Unidos de tener vínculos con “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

Mediante el acuerdo 282/2025, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), agregó a la exalcaldesa de Rosarito, Baja California, en la lista de personas bloqueadas, y le congeló sus cuentas bancarias.

Inconforme, Brown Figueredo interpuso un amparo contra la decisión de la UIF, que le tocó conocer al juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, quien le negó el descongelamiento de los activos en el Banco Mercantil del Norte (Banorte), porque no exhibió documento alguno del cual se pueda advertir que es titular de las cuentas bancarias que reclama.

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“De ahí que si se concede la medida suspensional solicitada, se transgrediría el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se le presumiría sin justificación alguna algún derecho legal respecto de los fondos de la cuenta bancaria multicitada, al no haber acreditado ni siquiera de manera indiciaria algún derecho sobre aquélla”, señaló el juzgador.

“No es óbice para lo considerado en supralíneas, que la peticionaria de amparo narre los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, toda vez que ello es un requisito formal de la demanda de amparo en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de la materia, pero no implica que con ello se acredite si quiera de manera presuntiva su interés suspensional. De ahí que si no se acreditó ni siquiera de forma indiciaria el interés suspensional mediante probanza alguna de la que se desprendiera siquiera a manera de presunción que la jurídico-colectiva quejosa es titular de la cuenta bancaria de referencia; es inconcuso que no resulta posible conceder la medida cautelar solicitada”, indicó.

La morenista Hilda Araceli Brown Figueredo solicitó al mencionado juez la suspensión provisional para el efecto de que se le elimine de la lista de personas bloqueadas y, con ello, pueda acceder a los fondos de las cuentas que le fueron bloqueadas, derivado de la acusación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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En septiembre pasado, dicha autoridad estadounidense acusó a la legisladora morenista de recaudar pagos de extorsión para los hermanos Alfonso y René Arzate, operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, en Baja California Sur.

“Los hermanos Arzate también han utilizado la influencia política de González y de otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre, para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo. Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, debido a su relación, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Durante el mandato de Brown como alcalde de Rosarito, González y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, aliados de .”, acusó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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