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La posible colusión del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, en los millonarios desvíos de la Sedesol debe ser investigada, sugirió el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
En la madrugada del martes, el juez vinculó a proceso a Rosario Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público supuestamente cometido durante su administración en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El juez impuso a la exfuncionaria prisión preventiva de oficio justificada debido a que consideró que representa un riesgo de fuga y que no acreditó tener arraigo en la Ciudad de México porque afirmó que falseó los datos relacionados con su domicilio, por lo que no existe certeza de que habite en la capital del país.
Robles Berlanga fue trasladada a las 7:08 horas de ayer al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá al menos durante los dos meses que el juez concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar su investigación complementaria.
En su acusación, la FGR afirmó que Robles Berlanga sabía de diversas irregularidades cometidas en la contratación de entes públicos por Sedesol y Sedatu, pero no hizo nada para evitarlas ni las informó al expresidente Peña Nieto.
Que dichas anomalías provocaron un daño al erario federal por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y que con su omisión, Robles Berlanga permitió que personas a su cargo, principalmente el exoficial mayor en ambas dependencias, Emilio Zebadúa, desviaran los recursos.
Es decir, que la FGR no imputó a Robles Berlanga ser autora del desvío sino que no hizo nada para evitarlo y prevenirlo.
“Sí le puse en conocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, citaron los abogados sobre la declaración de Robles Berlanga.
El juez señaló que la exsecretaria estaba obligada a notificar estas conductas por escrito al Jefe del Ejecutivo federal, pero la defensa no exhibió ningún documento que acredite que lo hizo de este modo, por lo que consideró que si Enrique Peña Nieto fue informado por escrito de los desvíos y Robles Berlanga omitió dolosamente presentar pruebas de ello, entonces la exfuncionaria estaba encubriendo al expresidente.
La defensa también intentó acreditar la inocencia de su cliente al asegurar que en el acta de entrega-recepción de la Sedesol a José Antonio Meade, su sucesor en la dependencia, le informó cuáles observaciones de la ASF habían sido solventadas y cuáles estaban pendientes. “Esto es una joya”, afirmó el juez, “y no lo trajeron por casualidad”.
Emplazó a la defensa de Robles Berlanga para que a más tardar el 16 de agosto entregue copia certificada o notariada para que el Ministerio Público determine si investigará a Meade Kuribreña por no cumplir su obligación como titular de Sedesol con relación a los desvíos observados por la ASF.
La defensa de la exfuncionaria enunció 32 datos de prueba a su favor, pero la FGR logró que el juez desechara dos testimoniales y una pericial. Un testimonio desechado fue el de María Eugenia Romero Martínez, exsecretaria particular de Robles Berlanga en Sedesol y Sedatu, quien refirió que la exfuncionaria comunicaba de las observaciones al expresidente Peña Nieto e instruía al oficial mayor, Emilio Zebadúa, solventar las mismas.
El abogado Óscar Rogelio Ramírez Santiago afirmó que los 24 dictámenes emitidos por la ASF y utilizados por la FGR para sustentar su acusación fueron realizados cuando los contratos cuestionados ya habían sido consumados, por lo que Robles Berlanga no podía frenarlos ni prevenirlos.
Argumentó que algunos dictámenes fueron emitidos cuando la exsecretaria ya no estaba en Sedesol ni en Sedatu, por lo que no le correspondía a ella solventar las observaciones sino a sus sucesores: “Es un acto de cinismo decir que ella no era responsable porque los dictámenes fueron emitidos fuera de su esfera jurídica, porque ya no era servidora pública”, calificó el juez.
El juez acreditó que Rosario Robles conoció las conductas irregulares pero que no hizo nada para evitarlas.
“De haber querido evitar los hechos hubiera ejercido su factultad para hacerlo, pues era la única que podía influir en el oficial mayor, Emilio Zebadúa, quien firmó la mayoría de los contratos irregulares, para que dejara de celebrar estos actos jurídicos, pero no lo hizo simplemente porque no quiso”, precisó el juzgador.
La FGR pidió la prisión preventiva justificada argumentando que se requería dicha medida para asegurar la comparecencia de Robles Berlanga durante el proceso.
“Ya no tiene el manto protector de impunidad que tenía con Peña Nieto cuando le dijo: ‘No te preocupes, Rosario’, no bastaba con que hoy se presentara voluntariamente a comparecer, pues existe peligro de que obstaculice las investigaciones”, dijo el fiscal Manuel Granados Quiroz: “Qué bueno que vino a dar la cara, lamentablemente lo hizo mucho tiempo después de que nos vieron la cara a todos”.
Fue ubicada en la zona de ingreso del penal, un área de acceso controlado. Entrevistado al salir de la cárcel femenil, el abogado Julio Hernández Barros comentó que su cliente comparte la zona de ingreso con otras internas, por lo que rechazó que tenga trato especial.
“Ella va a seguir la suerte de todas las internas del reclusorio. Está bien de salud y no adolece en este momento de nada”, indicó.
