Más Información
A 6 días de toma de Trump, De la Fuente negocia con equipo republicano sobre aranceles; “tenemos que llegar a acuerdos”, dice
Por violencia o migración, INE perfila zonas de atención para elección judicial; falta determinar total de casillas
Aspirantes a elección judicial confían en proceso de selección de candidaturas; “no habrá recomendados”, expresan
Buscadoras, activistas y periodistas piden reunión con Sheinbaum; denuncian desplazamiento y hasta feminicidio por su labor
Activista trans interrumpe discurso de la nueva fiscal de CDMX, Bertha Alcalde; pide justicia por transfeminicidios
Por la falta de protocolos y omisiones para prevenir, identificar, combatir y sancionar el abuso sexual en escuelas, el organismo civil Educación con Rumbo (ECR) obtuvo una suspensión por parte del Poder Judicial para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Fiscalía General de la República garanticen que los planteles sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, ante el aumento de casos de violencia sexual y pornografía infantil en los centros educativos del país.
“Esperamos que el amparo y la resolución del Poder Judicial de la Federación sea acatada sin reservas por las autoridades considerando que se trata de una problemática muy sensible que afecta a la niñez y que dicha problemática ha sido identificada y reconocida por la OCDE, Unicef , el Senado de la República , el IMSS y las propias autoridades, por lo cual, es un tema que no admite posturas ideológicas, cálculos políticos ni impugnaciones”, dijo el abogado de la ONG, Miguel Ángel Ortiz.
En un comunicado, refirió que el amparo presentado se dirige a visibilizar el abuso sexual creciente en escuelas, donde México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en violencia sexual infantil y pornografía infantil.
Lee también ¿Cumpliste 30 o 40 años? Debes resellar tu cartilla de servicio militar; así lo puedes hacer en línea
“El abuso sexual en escuelas es un delito lacerante por vulnerar a niños entre 3 y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para posteriormente prevenirlo, combatirlo, sancionarlo con las penas máximas y erradicarlo”, dijo.
Sostuvo que que el aumento significativo de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades y de corresponsabilidad de padres de familia, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo, destacando la respuesta del Poder Judicial para salvaguardar la Constitución, los Tratados Internacionales y los derechos humanos de los niños al ordenar a las autoridades que implementen medidas inmediatas de protección.
Detectan abuso sexual en escuelas
Según el reporte “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), los planteles carecen de supervisión efectiva, por lo que se han identificado patrones de conducta donde se documentaron casos donde se utilizaron cámaras, se vulneraron física y sexualmente a niñas, niños y adolescentes en instalaciones de escuelas a partir de supuestos juegos y aprovechando de la inocencia de los niños y en algunos casos los sustraían de escuelas y obligaban a los alumnos a presenciar actos donde vulneraron a otros menores de edad.
También se detectaron casos donde operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil dentro de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, y revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil en las escuelas.
El reporte de ODI menciona que la entonces Procuraduría General de la República informó al Senado de la República que se habían detectado 12 mil 300 cuentas de internet que distribuían material de explotación sexual de niñas y niños en México. En ese sentido, Educación con Rumbo emplazó a las autoridades a que rindan cuentas e instrumenten las medidas de protección en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
kicp/apr