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Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo de Marielle Helene Heckes, esposa de Emilio Lozoya, contra la orden de aprehensión emitida por un juez de Control del Reclusorio Norte, pero no impidió a las autoridades ejecutarla.
El juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió, desde el 30 de agosto pasado, la demanda de la esposa del exdirector de Pemex y fijó como fecha el próximo 18 de septiembre para realizar la audiencia constitucional en la que decidirá si concede o no el amparo.
De acuerdo con los estrados judiciales, el juez no emitió acuerdo alguno sobre la posibilidad de suspender la ejecución de la orden de aprehensión librada el pasado 4 de julio contra Marielle Helene Heckes por el caso Odebrecht.
La esposa de Lozoya es requerida por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) la señaló por la compra-venta de una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Dicho inmueble, según la FGR, fue adquirido con dinero producto de los supuestos sobornos que recibió Lozoya Austin por parte de Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.
Según la orden emitida en la causa penal número 261/2019, Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht, declaró ante las autoridades que Lozoya Austin fungió como enlace entre la constructora e importantes empresarios para asociarse y ganar contratos de obra.
Odebrecht pagó hasta 10.5 millones de dólares al extitular de Pemex a través de diversas empresas a las que se encuentra vinculado.
Según las investigaciones, estas empresas realizaron operaciones de compra-venta vinculadas a su madre y hermana, Gilda Margarita Austin y Solis, y Gilda Lozoya Austin respectivamente; su esposa Marielle Helene Heckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.
La operación por la que la esposa de Lozoya Austin fue vinculada al caso Odebrecht fue la compra de la casa de Ixtapa a Aguilera Concha por un millón 900 mil dólares, recursos que, según la FGR, constituyen el producto de una actividad ilícita por tener su origen en los supuestos sobornos pagados por Odebrecht.
Por ello, ambas tienen carácter para la FGR de coautoras materiales de asociación delictuosa y cómplices del exfuncionario en el delito de lavado de dinero. Actualmente, el inmueble de Ixtapa está asegurado por la fiscalía.
