La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) se ha desdibujado en su papel entre las autoridades electorales. En el último año, sólo ha llevado ante un juez 77 casos, que representan 10% de las 733 carpetas de investigación que estaban en trámite durante 2023.
La Fisel —antes FEPADE— reconoce entre sus retos que el financiamiento ilícito tiene “grandes y serias consecuencias”, como la delincuencia organizada y operaciones ilegales dirigidas a financiar campañas electorales.
En el año 2023, la Fisel —que depende de la Fiscalía General de la República— informó de la judicialización de 77 asuntos, es decir, los asuntos que se llevaron ante la autoridad judicial.
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Sin embargo, también reconoce que “en un gran número de ellas no se cuenta con fecha y hora para verificar la audiencia inicial y en otras más las audiencias están agendadas para los primeros meses del ejercicio fiscal 2024”.
En otros casos no se logró notificar a las personas imputadas, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión, que al no obtenerse por parte del juez de control se decidió proponer el no ejercicio de la acción penal.
También señala que para el año 2023 se reportaron 16 vinculaciones a proceso, aunque no se detallaron las causas o el tipo de delitos, en tanto que 34 carpetas más siguen en trámite para ver si procede la investigación o se desechan, algunas con hasta nueve años de antigüedad.
Sobre el dinero proveniente de actividades ilícitas, expone que “los grupos delincuenciales tienen poco temor a ser sancionados, ya que existe un vacío de planeación y ejecución y políticas públicas desde el ámbito penal-electoral”. De allí sub- raya la importancia de transformar el sistema de responsabilidades de partidos para que pasen de la esfera admirativa a la penal.
Rezago en investigaciones
El informe de actividades de la Fisel de 2023 señala que de 2018 a 2023 ha recibido 4 mil 733 asuntos.
Sin embargo, argumenta que con la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de la República (FGR), hace seis años, recibió un rezago de carpetas de investigación y averiguaciones previas por un total de 2 mil 17 asuntos entre 2015 y 2019.
Para combatir este rezago, se creó el Programa de Abatimiento del Rezago correspondiente al periodo 2015-2018, a través del análisis de estas carpetas para su judicialización o lo que correspondiera.
El documento señala que para 2023 se tenían 165 carpetas de investigación correspondientes a ese periodo, de las cuales en 49 casos se determinó el no ejercicio de la acción penal, en 44 el sobreseimiento, en 11 la suspensión del proceso a prueba y sólo en dos casos hubo vinculación a proceso, entre otras determinaciones, para un total de 131 casos.
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Una de las investigaciones emblemáticas fue contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presunto financiamiento ilegal a la campaña de su hermano.
El 24 de octubre de 2022, tras dos años de investigación, la Fisel desistió de acusar a Pío López Obrador argumentando que no había pruebas de delito electoral.
La Fisel tuvo un presupuesto para este año de 198 millones 222 mil 602 pesos, apenas 1.02% del presupuesto total de la FGR, que asciende a 19 mil 333 millones de pesos.
