Tras realizarse el Diálogo Nacional por la Paz en Puebla, los Jesuitas de México presentaron los resultados obtenidos a través del documento “Agenda Nacional de Paz”, el cual se construyó a partir de mil Conversatorios por la Paz, 50 Foros Justicia y Seguridad, con una participación de más de 20 mil voces, y que fue construido por una comisión de expertos en temas de tejido social, seguridad, justicia y cárceles.
“Nuestra propuesta es una Agenda social, integral, inclusiva y de largo alcance. Esta Agenda pretende no dejar a nadie excluido ni rezagado, y presta especial atención a los sectores más vulnerables”, mencionaron.
Se informó que esta Agenda tiene como objetivo “abrir horizontes de justicia y paz en este momento crítico de la historia de México, en el que enfrentamos una crisis de violencia sin precedentes, cuya magnitud y profundidad nos instan a tomar medidas colectivas, dejando de lado intereses o proyectos individuales”.
“Por esta razón, la Dimensión Episcopal para los Laicos, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México hemos emprendido la tarea de confeccionar una agenda analítica y propositiva para la construcción de la paz.
“Esta agenda propone un cambio esencial en la conciencia colectiva, alejándonos de una cultura de violencia para abrazar una cultura del cuidado que reafirme el valor de la vida, la dignidad humana, la fraternidad y la casa común, indicaron.
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Señalaron que el documento parte de un diagnóstico, ofrece un horizonte y propone una ruta de acciones en cuatro temas centrales: tejido social, seguridad, justicia y cárceles.
“Estamos convencidos de que la indiferencia, el miedo y la violencia no constituyen nuestro destino, sino una etapa sombría en nuestra historia que podremos superar mediante la colaboración, la corresponsabilidad y el esfuerzo conjunto”.
La Agenda
En el ámbito de la seguridad y la justicia, la Agenda promueve la instauración de instituciones sólidas que tengan la capacidad de salvaguardar los derechos humanos.
Las fiscalías, tanto a nivel estatal como federal, señalaron, requieren una profunda revisión y la adopción de un modelo de procuración de justicia que se centre en la prestación de servicios de alta calidad, la garantía de los derechos individuales, la atención a las víctimas y la reducción de la impunidad.
“Es esencial que las fiscalías proporcionen una atención honesta y profesional a quienes presentan denuncias y, sobre todo, que cuenten con protocolos eficaces para el cuidado de las víctimas, evitando su revictimización.
“En este diálogo constatamos que existen métodos tradicionales de conciliación, mediación y reparación arraigados en las comunidades, que podemos integrarlos como procesos preventivos para reducir la carga sobre las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia”, apuntaron.
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Para avanzar con los objetivos, debemos adquirir una comprensión amplia y profunda de las causas y factores que fomentan las violencias, así como de las formas en que tales violencias se retroalimentan, declararon.
Otro elemento de esta Agenda se focaliza en fomentar la colaboración y el acercamiento entre las comunidades y los policías municipales; de igual modo promueve un balance adecuado entre los esfuerzos de prevención y reacción, abogando por una conciencia pública que permita dimensionar la responsabilidad que cada uno tenemos con la seguridad. Los casos exitosos de reducción de los delitos han sido producto de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de gobierno en estrecha colaboración con la ciudadanía.
La Agenda también considera que todas las voces sean escuchadas, especialmente el protagonismo de los y las jóvenes en la construcción de un presente y futuro compartido; una ética por el diálogo que trascienda la polarización, apueste por la colaboración y priorice la atención a las víctimas de las violencias.
7 acciones clave por la paz
También hicieron un llamado a los distintos órdenes de gobierno, a las candidaturas políticas, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a las asociaciones religiosas y toda persona de buena voluntad para unirse a las siete acciones clave para la paz en México:
- Sistematizar, fortalecer y compartir las buenas prácticas que han demostrado ser eficaces en áreas críticas como seguridad, justicia y desarrollo social.
- Establecer “mesas técnicas” dedicadas a influir en políticas públicas que aborden aspectos fundamentales como el tejido social, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario.
- Impulsar la Agenda Nacional de Paz en colaboración con actores políticos a nivel nacional, estatal y local, incluyendo aquellos que compiten por cargos públicos.
- Incorporar a las universidades, tanto públicas como privadas, en la revisión de programas sociales y planes de desarrollo, alentando la formación de capacidades locales y generando propuestas para reducir la violencia y promover la paz.
- Atender los factores de riesgo que afectan a los adolescentes desde las escuelas secundarias y sus entornos familiares y comunitarios.
- Promover nuevas formas de gobernanza con una participación ciudadana amplia, asegurando que nuestras autoridades estén profundamente comprometidas con la paz en sus territorios.
- Exigir la coordinación efectiva de las fuerzas de seguridad y la implementación de estrategias coherentes en todo el país, para vivir en paz.
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