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Tres mujeres jóvenes, madres solteras, desaparecieron en Acolman, municipio del Estado de México, el 10 de enero de 2020. El hecho dejó cinco infantes en orfandad.
Los hijos de Pilar Oliva Avendaño, Megan Renata Hernández Ochoa y Mariana Lesli Flores Pacheco quedaron en custodia de sus abuelos maternos, quienes se han dado a la tarea de buscar a sus hijas desaparecidas, a la par de criar a sus nietos.
Las dificultades económicas se sumaron a los problemas de las familias, debido a los gastos de búsqueda, a la pérdida de ingresos por las reuniones con autoridades y por la manutención y cuidado de los menores de edad. Este panorama se repite en diversas desapariciones. También lee: Alejandro Moreno: "Me van a tener que matar, no me van a callar"
En otro caso, el padre de Ian, Yan Carlos Ibarias Soria, un aprendiz de fontanero, desapareció de manera forzada en Tejería, Veracruz, el 9 de septiembre de 2016. Cuando Ian tenía cuatro años le preguntó a su abuela: “¿Por qué mi papá me dejó? ¿No me quería?”
El paradero de Yan Carlos se desconocía hasta 2021, cuando la confirmación de ADN arrojó que sus restos se localizaron en una fosa clandestina en Arbolillo, Veracruz, en 2017.
En todos los casos fue difícil explicarles a los niños que no los habían abandonado, que sus padres fueron arrebatados de su núcleo familiar y compartían la misma inquietud: ¿dónde están?
La Red de Enlaces Nacionales, conformada por 160 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de 27 estados, detalla que tras la ausencia de un ser querido por este delito las afectaciones identificadas en niñas, niños y adolescentes son la orfandad, la baja en el rendimiento escolar, el intento de suicidio o suicidio.
También presentan depresión, ansiedad, alteraciones en los patrones de sueño, aislamiento, rechazo social, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, pesadillas, desconfianza, rencor, coraje, trastornos en la alimentación y desplazamiento forzado.
En testimonios recabados por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), en su informe de abril de 2022, se expone una falta de atención a los menores de edad ante la desaparición.
Se indica que los impactos transgeneracionales del hecho victimizante son preocupantes porque pueden acarrear como consecuencia depresión y suicidio. “Son los olvidados del sistema”, advierte.
“Los hijos e hijas de personas desaparecidas frecuentemente han de abandonar sus estudios, situación que se convierte en un factor de revictimización”.
El registro nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene identificados a más de 2 mil menores con padres o madres desaparecidas. Activistas consideran que la atención a las víctimas indirectas es insuficiente y no hay políticas públicas eficientes que protejan a los niños y niñas. También lee: Campeche solicita revisión a Alejandro Moreno
Sin registro confiable
Juan Carlos Lozada Delgadillo es hijo de Juan Carlos Lozada Mahuem, desaparecido en 2009, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Forma parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Hidalgo y fundó el proyecto Invisibles Mx, compuesto de 14 colectivos de la República Mexicana y uno de Centroamérica, con el fin de exigir que se dé prioridad a la atención a los menores de edad afectados por desaparición.
Lozada afirma que se desconoce la cifra real de menores de edad víctimas indirectas del delito de desaparición. Por eso busca que se cree un registro único para entender la dimensión del problema de desaparición y otorgar apoyos alimenticios, médicos y educativos.
“Los huérfanos por desaparición no son tomados en cuenta. En ocasiones somos invisibles hasta dentro de los mismos colectivos”, reclama.
“Es urgente que el gobierno de México se proponga saldar el desamparo en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad”.
Explica que, de acuerdo con los análisis de los colectivos, sólo el Estado de México y Nuevo León cuentan con programas de reparación del daño a la niñez en esta situación.
“Todos los días los hijos de personas desaparecidas nos enfrentamos a distintos retos, entre ellos, cuidar de nuestra salud mental y reintegrarnos a la sociedad”, afirma Juan Carlos.
58 personas para 52 mil usuarios
La CEAV cuenta con un padrón de 52 mil víctimas de delitos como desaparición, feminicidio, trata de personas y violaciones graves a derechos humanos. En lo que va de 2022 (hasta mayo), ha otorgado aproximadamente 438 millones de pesos para los diferentes recursos de ayuda, asistencia y reparación integral.
Para la atención mental a víctimas, la CEAV cuenta con una Dirección de Psicología que se integra por 58 personas para todo su padrón. Los estados de San Luis Potosí e Hidalgo no cuentan con sicólogos. Las víctimas señalan una atención poco oportuna y deficiente debido a la insuficiencia de personal.
Colectivos acusan que los niños y niñas que atraviesan por la desaparición de un ser querido no reciben los apoyos necesarios en materia de educación o salud, que por ley les corresponden.
El Registro Nacional de Víctimas de la CEAV tiene identificados 2 mil 265 hijos e hijas menores de edad, víctimas indirectas de delito y/o violación a sus derechos humanos relacionados con desaparición. De ese total, 289 están vinculados con el delito de desaparición forzada y 293 con el delito de desaparición por particulares. Del resto, los mil 683 niños y niñas víctimas indirectas, no se especifica el tipo de desaparición. Los datos provienen de una solicitud de transparencia realizada para este reportaje.
A partir de 2019, año del convenio entre la CEAV y la Coordinación Nacional Becas para el Bienestar Benito Juárez, se han otorgado mil 112 becas a personas en calidad de víctimas indirectas afectadas por el delito de desaparición, pertenecientes a 773 familias, de las cuales, 599 se identificaron en 2020 y 174, en 2021.
Desde 2013, la Ley General de Víctimas establece la obligación de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a proporcionar ayuda o reparación integral en materia de salud, educación y asistencia social a las víctimas y sus hijos menores de edad; de lo contrario, serán sujetos a responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Se le preguntó a la CEAV si había otros apoyos a los menores, pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta. También lee: Simpatizantes dan la espalda a oposición
¿Por qué mis hermanos?
El registro de la CEAV también contempla a 441 hermanos y hermanas víctimas indirectas por desaparición. De ellos, 53 son menores de edad, como Christo- pher, de nueve años, quien busca a sus hermanos César y Esteban Rico de la Cerda, desaparecidos en Baja California.
César desapareció el 25 de octubre de 2018, en Tijuana, y Esteban el 3 de diciembre de 2020, en Rosarito.
“Sueño que están en un campo o en una casa abandonada. Otra ocasión, soñé que mis hermanos me hacían el desayuno como antes”, recuerda Christopher.
“No quiero llorar por mi mamá. Cuando ella llora me voy a mi cama; no quiero pensar en eso y prendo la tele y subo el volumen para que no se escuchen las lloraderas... Esteban era bien feliz. Era el que hacía de comer cuando mi mamá se iba a trabajar. Ahora en mi casa sólo quedamos mi mamá y yo. César desapareció cuando yo tenía cinco años”.
La primera vez que el niño asistió a una brigada de búsqueda de personas desaparecidas quedó sorprendido, comenta su madre, Bárbara Martínez.
“Él lloraba, se agarraba la cabeza y me preguntaba: ‘¿Por qué mis hermanos?’. Yo le dije: ‘No, papi, no nada más son tus hermanos, son muchos más’. Cuando vio todas las lonas y las fotos me preguntó: ‘¿Mami, todos esos están desaparecidos? ¿Hasta muchachas y señores? Sí, papi, de todas las edades hay’. Él se quedó viendo las fotos”.
Al igual que su mamá, desde entonces Christopher padece insomnio y ansiedad.
A Bárbara le preocupa que crezca con coraje e impotencia y elija un camino equivocado para buscar a sus hermanos. Él cambió mucho desde la desaparición de su primer hermano. “Ya no es igual, su cara y su mirada eran otras, era un niño muy alegre. Siempre andaba con ellos, lo cuidaban. Era el consentido”. A raíz de los hechos, el desempeño educativo de Christopher se vio afectado. Sus maestros notificaron sobre las bajas calificaciones y los cambios de actitud. Madre e hijo se esconden el uno del otro cuando se trata de desahogar el llanto. En privado no buscan consuelo porque no quieren ser una carga más con su dolor. Así es desde la ausencia de sus seres queridos. “En la casa no puedo tener fotos de sus hermanos porque el niño llora. Dice que se va a su cuarto o al baño, pero lo escucho llorar. No puedo tener esos recuerdos porque él se me va. Es muy difícil para los hermanos chiquitos. Está cabrón. Sí le cambia la vida a uno, a los familiares directos, hermanos, papás, mamás. A todos nos cambia”, dice Bárbara.
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