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Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) —antes Instituto de Administración de Bienes y Activos del gobierno federal—, aseguró que el próximo año realizará un diagnóstico de su dependencia para saber si se cometieron actos de corrupción en administraciones anteriores.
El funcionario señaló que, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, están ubicando áreas de riesgo en la institución; es decir, los procesos en los que se pudieron cometer ilícitos. Sobre esto, Rodríguez Vargas dijo que la simulación de subastas para favorecer a funcionarios públicos será algo a investigar en 2020.
Agregó que el objetivo será conocer si trabajadores del antiguo Servicio de Administración y Enajenación de Bienes —ahora Indep— sacaron ventaja de las subastas realizadas durante el pasado sexenio.
En caso de encontrar cualquier irregularidad, el titular del instituto aseveró que irá al fondo del asunto y procederá legalmente contra quien sea responsable de alguna anomalía, ya sea de una administración anterior o de la actual.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodríguez Vargas también se refirió a los mecanismos que pretenden construir para que la entrega de recursos recolectados con las subastas sea más transparente y ágil. En torno a la nueva facultad que tendrá el Indep de recibir y subastar objetos ligados a procesos legales abiertos, el responsable de la dependencia celebró la decisión, porque esto permitirá ahorrar recursos económicos en la administración de bienes.
¿Cómo cerraron este año?
—Cerramos con broche de oro por la reciente subasta que realizamos. Fueron seis subastas con sentido social, cuyos bienes asegurados tuvieron como fin apoyar a las comunidades más marginadas de este país. Cerramos bien por todas las subastas que ya tienen un arraigo entre la ciudadanía. El Presidente las ha difundido para que se conozca nuestra labor.
¿Antes a dónde se iba el dinero?
—La cantidad de recursos que se obtenía se destinaba a la tubería del gobierno federal, y ahí se perdía, en ese vertedero de demasías. Un día el Presidente de la República preguntó si sabíamos a dónde se había ido el dinero y le dimos un reporte en el que se señalaba que una tercera parte se fue a Salud; otra tercera parte, al Poder Judicial, y una última, a la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).
Tuvimos que investigar 205 millones de dólares; si de esos 205 millones tú le preguntas a la Secretaría de Salud, cuando estaba Felipe Calderón, alguien dice que se fueron para unos centros comunitarios de combate a las adicciones, pero incluso eso está muy cuestionado.
¿Ya analizaron si hubo algunos casos de corrupción?
—Estamos terminando un estudio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para que nos dé parte de esto: el área de riesgo en la que puede haber indicios de que podrían existir tentaciones. Este estudio del IIJ es muy importante para nosotros, porque nos va a permitir ver dónde hay mayor vulnerabilidad en la institución para afrontarlo, mejorarlo y no arriesgarnos.
¿Se imagina usted cuáles son las áreas de riesgo?
—Respondo con una visión general de lo que he percibido desde que llegué: áreas de riesgo son las de administrar los bienes —ésos de comercio exterior o que vienen de la fiscalía—. Otra área de mejora podría ser la de ventas, la de subastas; [éstas tienen que ser] claras, transparentes, además de que esté la posibilidad de que todos participen, que no se forme un “club de Toby” por el que sólo cinco o seis personas sean las que compren los bienes.
¿Alguna vez se presentó una simulación de subastas?
—Estamos investigando no nada más eso, sino incluso si quienes compraron los bienes son gente ligada a la anterior administración. Eso lo estamos analizando e investigando, con el fin de ver si la gente que compraba los bienes era propia de la institución y estaba simulando o a través de terceros.
¿Procederían legalmente?
—Por supuesto. Procederíamos legal, penalmente y con toda la fuerza que nos dé la ley para evitar ilícitos.
¿Con los funcionarios de la administración actual?
—Con los funcionarios anteriores y con los actuales compañeros no me temblaría la mano. Si nosotros tenemos indicios de algo incorrecto, tiene que haber una sanción, en caso de comprobarse que alguien pudiera haber incurrido en un acto indebido o lo esté haciendo.
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¿Por qué inician las indagatorias?
—La propia naturaleza de las áreas, donde se manejan bienes y recursos, lleva a que siempre se esté tratando de observar si algo extraño no ha pasado, y es que insisto: cuando tú administras recursos, generas dinero, ingresos, entonces hay que tener cuidado, porque parece que no manejas volumen [de dinero], pero al final sí lo haces, y eso puede ser vulnerable a actos indebidos.
¿Cómo se están blindando para evitar simulaciones de subasta?
—Hay ciertos mecanismos que nosotros estamos implementando para que todo sea derecho y no nada más para que vengan “mis cuates” a comprarme. Esas personas que participan en la subasta, incluso la lista, se puede mandar a la Fiscalía para que ellos nos digan: “Esta persona no tiene antecedentes de otra índole. Es un buen comerciante”.
¿Cómo hacer más transparente la entrega de recursos de las subastas?
—Aunque nosotros no somos los órganos fiscalizadores de los recursos, sí queremos atender que estos recursos se estén ejerciendo de forma correcta. En nuestra misma página de internet podríamos crear una sección en la que se le pueda dar seguimiento a la aplicación del dinero.
¿Por qué tardaron dos meses en enviar recursos de una subasta a Cochoapa y Metlatónoc?
—Ahí los recursos no fueron ejercidos por las autoridades locales, sino que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Como dice el Presidente, el elefante de la administración pública es uno que a veces está con reumas y se mueve muy lento, entonces moverlo no es fácil.
Ese aparato burocrático hay que lubricarlo, darle dinamismo. Nosotros nos tardamos porque estábamos viendo el mecanismo de cómo transferir los recursos. Ahora ya se encontró el mecanismo y esto hace que haya celeridad en [la entrega de] ésos y otros recursos.
¿Tienen proyectado cuántas subastas con sentido social van a tener el próximo año?
—Para nosotros sería muy adecuado sacar una subasta por mes; sin embargo, hay algunas circunstancias que a veces [provocan que] nos tardemos dos meses en sacar las subastas, en organizarlas, pero sí trataremos de tenerlas a la brevedad posible.
Ahora pueden vender bienes sin que concluya una carpeta de investigación, ¿esto no podría afectar ningún derecho?
—Con la Ley de Extinción de Dominio se enojan algunos actores de la opinión pública, porque descobija a las personas, pero te voy a decir una cosa: al que se porta bien no le pasa nada; quien se porta bien no debe tenerle miedo a la Ley de Extinción de Dominio.
Incluso puede ser benéfico para quien se le recoge el bien. Por ejemplo, a ti se te puede cuestionar por un Audi, de dónde lo sacaste, entonces vas al instituto, se te cuestiona y pierdes el bien.
Tú te inconformas, pero como yo ya vendí el vehículo, te doy un tabulador lo más apegado a la realidad e incluso un dinero adicional por actualizar el valor.
¿De dónde salen los recursos?
—Esta ley permite un fondo “resarcitorio” con el que se pueda compensar a aquellas personas que consideran que no fueron correctas la venta y la enajenación de bienes.
El dinero sale de la venta de los bienes asegurados; por ejemplo, si son bienes asegurados, 30% de éstos se va a la compensación de este fondo; si son bienes declarados en abandono, se va 10%. Así es como se crea.
¿Entonces no se vulneran los derechos de las personas con esta ley?
—Insisto: al final el que se porta bien no tiene por qué temer.
