Un juez federal vinculó a proceso a Guillermo Ignacio González Ávila, exsecretario general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), derivado de la adjudicación directa de un contrato a Google Operaciones de México, S. de R.L. de C. V., por lo que podría ser el primer caso penal por corrupción en el que esté involucrado el coloso tecnológico.
En la causa penal 197/2020, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, dictó auto de vinculación a proceso contra el exservidor público, quien fue imputado por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Además, concedió tres meses para realizar la investigación complementaria y permitió a González Ávila seguir su procedimiento en libertad, con la obligación de presentarse mensualmente a firmar su asistencia.
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El juez precisó que hasta el momento de la vinculación a proceso y según los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, González Ávila no justificó la excepción por la que procedía adjudicar directamente el contrato PRODECON-SCCVT/080/2014 a favor de Google, en lugar de realizar el proceso de licitación pública establecido en la ley.
Según la conclusión del juez, la fiscalía general acreditó que en este proceso de adjudicación no se llevó a cabo el estudio de mercado previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para justificar la excepción.
El caso fue denunciado por el activista Ulrich Richter Morales, quien a través de una demanda por daño moral contra Google obtuvo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se reconoce que las empresas extranjeras con actividad económica en México pueden ser sujetas a la jurisdicción de los tribunales nacionales.
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Derivado de este litigio, Richter Morales detectó que Google Operaciones de México obtuvo adjudicaciones directas por parte de dependencias federales durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
En concreto, Richter Morales denunció que Google Operaciones de México obtuvo un contrato de prestación de servicios de publicidad en línea para la campaña Prodecon, por ti estamos aquí, a través de una adjudicación directa por la que cobró 502 mil 220.61 pesos.
Para la campaña publicitaria, la Prodecon obtuvo un presupuesto de 70 millones de pesos, monto del que provienen los más de 500 mil pesos pagados a Google Operaciones de México.
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En su denuncia, Richter Morales detacó que una de las fundadoras de Google Operaciones México, persona moral que tiene entre sus accionistas a Google, Inc., es Alejandra Lagunes, quien en 2012 fue coordinadora de estrategia y campaña digital del entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, misma que fue criticada por el uso de bots en redes sociales para promocionar la imagen del abanderado priista.
Incluso, al inicio del sexenio pasado, Lagunes fue designada por el expresidente Peña Nieto como coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República.
No es la primera vez
Esta no fue la primera vez que el exsecretario general de Prodecon, Guillermo Ignacio González Ávila, participó en la adjudicación directa de contratos.
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Durante los primeros cinco años del sexenio de Peña Nieto, la procuraduría otorgó 22 contratos por adjudicación directa por más de 800 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para realizar trabajos de soporte técnico, asesorías, carpintería, albañilería y limpieza.
Sucedió bajo el argumento de que cuando existen contratos entre dos organismos públicos no se requiere la realización de licitaciones públicas.
Las irregularidades de estos instrumentos fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en distintas revisiones a la Cuenta Pública 2014, ejercicio en el que la UANL obtuvo adjudicaciones directas de Prodecon por más de 640 millones de pesos para servicios como organización de conferencias de prensa, foros, inauguración de delegaciones, stands, exposiciones, instalación, así como mantenimiento del sistema de videoconferencia de la procuraduría, entre otros.
El esquema de adjudicación directa de contratos entre organismos públicos ha sido la principal justificación con la que se han realizado operaciones irregulares, como las de la llamada Estafa maestra.
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