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Durante el primer semestre del 2025, la violencia política en México se concentró en el centro y sur del país. En Veracruz, donde se sostuvieron elecciones de ayuntamientos en junio presentó 81 casos
El Top de 10 entidades con más incidentes de violencia política (enero - junio 2025) comprende: Veracruz, 81; Guerrero, 24; Morelos, 21; Oaxaca, 20; Puebla, 19; Baja California y Guanajuato, 10 cada uno; Ciudad de México y Estado de México, 9 respectivamente y Jalisco con 6.
El reporte de la empresa de consultoría y análisis político Integralia, que dirige el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, refiere que Guerrero, Morelos y Oaxaca, a pesar que no tuvieron comicios, mantuvieron niveles altos de violencia. Estas cuatro entidades se encuentran actualmente en medio de disputas de varias organizaciones delictivas que pelean por su control.
La violencia política se concentró en 174 municipios, lo que representa 7% del total del país. El Puerto de Veracruz registró 11 casos; alcaldía Cuauhtémoc, 7; Cuernavaca, Huitzilac y Puebla con 6 cada uno, entre otros.
En cuanto a las elecciones del Poder Judicial subraya que a pesar del tamaño que representó en número de candidatos, la violencia prácticamente no se hizo presente en estos comicios: únicamente se registraron tres casos de amenazas contra candidatos del orden federal Guanajuato y Puebla y uno más del orden local en el Estado de México.
El informe resalta que la violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
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Detalla que la inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación.
El análisis indica que la violencia fue más intensa a nivel municipal: la mayoría de las víctimas 79% fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal. Las organizaciones criminales priorizan el control municipal debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados.
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