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En sus tres años de existencia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no hizo explícita la asignación de recursos de los convenios firmados con los estados que se adhirieron a esta estrategia, lo que impidió garantías a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos.
En un análisis realizado el año pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al sistema de salud en el país, se indica que el instrumento que suplió en 2019 al Seguro Popular, criticado por el gobierno federal, tampoco dio garantías de una atención con calidad homologada en las entidades adheridas.
“A la fecha, no se han hecho explícitos los criterios de cálculo y asignación de los recursos que se establecen en los convenios firmados con las entidades federativas para la asignación de financiamiento, de manera que se garantice la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en cada estado y que estos criterios son homogéneos a todas las entidades federativas sin importar los acuerdos políticos de adhesión a los que se hayan llegado”, señala el Coneval.
En su reporte Evaluación estratégica de salud, publicado en octubre, el consejo destaca que el Insabi proponía un modelo de atención que era excluyente.
“El Insabi plantea un modelo de salud que, en esencia, no debería excluir la atención de enfermedades y medicamentos para la población sin seguridad social, a través de la implementación progresiva de redes integradas de servicios de salud”, señala el reporte del Coneval.
Resalta que con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi fue eliminado el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), en el que estaban previstas las intervenciones médicas y los medicamentos a los que tenía derecho el beneficiario del Seguro Popular.
Esto, con el argumento de que con “el financiamiento exclusivo para ciertas intervenciones médicas determinadas por el Seguro Popular, los establecimientos de la Secretaría de Salud con el tiempo fueron perdiendo capacidades resolutivas de numerosos padecimientos y enfermedades, ocasionando que la población sin seguridad social tuviera que pagar con dinero propio al momento de usar los servicios públicos o atenderse en el sector privado para recibir las prestaciones y los medicamentos no cubiertos por el Seguro Popular”, destaca.
Precisa que el Causes contemplaba 294 intervenciones médicas, reunidas en cinco grupos: prevención y promoción en salud, medicina general y de especialidad, urgencias, cirugía general y obstetricia. Además, contenía 633 claves de medicamentos, 37 insumos y 66 intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
El reporte detalla que a pesar de “contar con un catálogo de servicios disponibles, un importante reto asociado a esta cobertura es la falta de garantía de una atención con calidad homologada, especialmente en lo que respecta a aquellos servicios enfocados en la población sin acceso a seguridad social.
“Evidencia de lo anterior son las brechas persistentes en indicadores asociados a enfermedades infecciosas, mortalidades neonatal, infantil y materna, donde algunas regiones y subgrupos poblacionales mantienen niveles particularmente dispares a los de la media nacional”.
Aun cuando en los últimos meses se había aumentado el número de afiliados al Insabi, que fue eliminado esta semana en la Cámara de Diputados, se registró una reducción en su personal médico, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“El número de personal médico por cada mil personas que reportaron estar afiliadas al SP [Seguro Popular] hasta 2019 y al SP/Insabi en 2020, se redujo, pasando de 3.41 a 3.31”, destacó.
Explicó que en salud mental apenas existían dos profesionales de la salud mental por cada 10 mil beneficiarios del instituto.
“Además de ser insuficientes, los profesionales de la salud mental están distribuidos de manera desigual en las entidades federativas, ya que en la Ciudad de México se contaba con nueve profesionales de la salud mental por cada 10 mil afiliados al SP/Insabi, mientras que Puebla contaba con menos de un profesional por cada 10 mil personas afiliadas”, agregó el consejo.
