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La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Galván Arcos , quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), relacionado con "La Estafa Maestra”, por no declarar las cuentas bancarias de su esposa, que suman más de 3 millones de pesos.
En un comunicado, la dependencia federal señaló que como resultado de un procedimiento administrativo sancionador, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que Galván Arcos, quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.
Con dicha conducta, indicó la SFP , el ahora exservidor -quien también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex- infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos.
La Función Pública señaló que esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros en cumplimiento, indicó, a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
“Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona exservidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”.
La inhabilitación contra Luis Galván Arcos se suma a la que en mayo de 2019, la SFP hizo contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, quien fue inhabilitado por 10 años por encontrar que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al haber omitido, en más de una ocasión, una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
La SPF detalló que en los dos primeros años de esta administración se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.
Ante esta destitución e inhabilitación, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, indicó que los servidores públicos están obligados a brindar la información que la población mexicana demanda, para así “vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos”.
“En la Función Pública seguiremos cumpliendo con nuestra tarea de verificar la evolución patrimonial de quienes ostentan un cargo público y de sancionar conductas que constituyan faltas administrativas”.
“Tenemos que construir una nueva ética pública, donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto. La declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, en el marco del gobierno transparente impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.
ed
