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La Secretaría de la Función Pública ( SFP ) informó que fue confirmada la sanción de inhabilitación por 10 años y multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta al exdirector General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado bajo las órdenes de la entonces titular Rosario Robles e involucrado en el caso de la llamada “ Estafa Maestra ”.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu inició la investigación sobre este caso como resultado de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo, apuntó, durante las indagatorias se hallaron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018, tras acreditar que el funcionario omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargado de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales “originando el uso indebido del mismo”.
La SFP señaló que la omisión del funcionario permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos para, supuestamente, otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
“No obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino. Tales conductas constituyen faltas administrativas según lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
La secretaría indicó que a partir de los trabajos del Órgano Interno de Control en la Sedatu para defender la legalidad de la resolución, la sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que la persona ex servidora pública había interpuesto.
“Previamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también resolvió confirmar la inhabilitación y la multa, al resolver la demanda de nulidad solicitada”.
La Función Pública señaló que en este caso, el OIC en Sedatu ya notificó de la resolución al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la ejecución del crédito fiscal.
“La SFP, en cumplimiento al debido proceso, es respetuosa de los mecanismos de defensa a que tienen derecho todas las personas”, agregó.
La “Estafa Maestra” es una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucra al menos a 11 dependencias, como la Sedesol, Sedatu, SCT, Banobras, Pemex e incluso a ocho universidades públicas, así como a servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de más de 5 mil millones de pesos.
El modus operandi empleado en estos presuntos desvíos consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios, donde dependencias federales recurrieron a ocho universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.
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