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Luego de una investigación que comenzó a inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación por 10 años de Guillermo García Alcocer, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por conflicto de intereses durante su gestión al frente del órgano.
En un boletín, la dependencia señaló que el fallo fue resultado de “una detallada investigación y procedimiento sancionatorio” en el que se constató que García Alcocer participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar.
Aseguró que respetó a lo largo de todo el procedimiento el derecho a una defensa adecuada por parte de García Alcocer, “quien siempre tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas”.
En conferencia de prensa del 18 de febrero de 2019, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informaron que ambas dependencias investigaban a García Alcocer por probable conflicto de intereses y presunta defraudación fiscal de empresas vinculadas a familiares.
Sandoval Ballesteros expuso que el entonces comisionado había reconocido un probable conflicto de intereses con su cuñado Mario Barreiro y un primo hermano de su esposa, Santiago García, quienes trabajan para dos empresas, una eólica y otra de gas natural.
Se trataba de la empresa Eólica Vestas, de origen danés, y Santa Fe Natural Gas, filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE. Sin embargo, la SFP revisó las declaraciones de interés del funcionario y localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada a su familia.
