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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el primer informe sobre las denuncias presentadas contra 13 candidaturas al Poder Judicial por presuntamente incumplir con la 8 de 8 contra la violencia, en el que se determinó que no hay elementos para acreditar estas infracciones, que podrían costarles el triunfo.
Sin embargo, al tratarse de un informe preliminar, las consejerías solicitaron hacer una investigación exhaustiva sobre estos casos, cuyos resultados finales se presentarán el 15 de junio.
Tres casos corresponden a deudor alimentario moroso; tres por violencia familiar y uno violencia familiar equiparada; uno por delito de violación a una menor de edad y prófugo de la justicia; uno por delitos contra la libertad y seguridad sexuales; uno por violencia política contra las mujeres; uno por prófugo de la justicia; una por hostigamiento laboral y uno por pérdida de los derechos político-electorales.
Sin revelar nombres, se trata de una candidatura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco a magistratura de circuito; cinco para juzgados de distrito; una para una Sala Regional del TEPJF y una para cargo del Poder Judicial local.
El INE ha recibido 38 formularios con denuncias correspondientes a 26 candidaturas por parte de ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
La consejera Carla Humphrey subrayó que llama la atención que en todos los casos se determine que no hay hallazgos, a pesar de la gravedad de las conductas denunciadas.
“Hay casos que, por la gravedad de la conducta denunciada, ameritan una investigación más exhaustiva en los que no solamente se prevea un requerimiento, sino varios, los cuales permitan conocer y valorar la información con la que cuentan las autoridades a quienes estamos requiriendo”, sostuvo.
Destacó el caso de una candidatura denunciada por el delito de violación a una persona menor de edad y por estar prófuga de la justicia, y que cuenta con una sentencia con fecha de noviembre de 2022, en la que se desprende que existen elementos que podrían indicar que tiene una orden de aprehensión en su contra.
“En ese caso en particular, requerimos a información, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de la entidad, no obstante, a la fecha de presentación de este informe, no se ha tenido respuesta por parte de las autoridades”, indicó.
La consejera Dania Ravel destacó la importancia de la información proporcionada por la ciudadanía, ya en muchos casos se hacen los requerimientos a las autoridades competentes, pero no son atendidos.
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Recordó que la revisión no sólo se limita a la 8 de 8, sino también incluye que no estén prófugos de la justicia ni tengan alguna sentencia de suspensión de derechos político electorales.
Sin embargo, dijo que no se deben generar “falsas expectativas”, ya que una persona puede perder su derecho a ser votado únicamente cuando cuenta con una sentencia firme.
Detalló que en el caso de una candidatura para la Sala Regional del Tribunal Electoral, denunciada por presuntamente deudor alimentario, no se tiene una conclusión del caso, por lo que debe aclararse que sigue en curso la investigación.
“Se advierte que hay un convenio que se hizo para determinar el pago de estas obligaciones alimentarias. Sin embargo, se puede advertir de la investigación que este convenio no fue cumplido porque la persona contraparte en ese juicio familiar también solicitó a la persona juzgadora que se giraran oficios para retener el salario correspondiente a la pensión alimenticia”, dijo.
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