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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a los trabajos para organizar la elección del Poder Judicial, asegurando que se organizará con calidad y transparencia, pero también reconociendo los retos de “empezar de cero” y sin leyes secundarias.
Por unanimidad, se emitió la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 en el que se elegirán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de las salas superior y regionales del tribunal electoral del poder judicial de la federación, las personas integrantes del tribunal de disciplina judicial, y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito.
Además, el INE aprobó la conformación de la Comisión Temporal para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, la cual será presidida por Jorge Montaño, e integrada por Norma de la Cruz y Rita Bell López, todas son consejerías cercanas a la presidenta Guadalupe Taddei.
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La presidenta Guadalupe Taddei señaló que la reforma los faculta para emitir los acuerdos necesarios, ante la ausencia de una ley secundaria, y añadió que pronto se reunirá con legisladores para exponer los puntos de preocupación sobre este proceso.
Si bien no existe un cálculo oficial, dijo que podrían ser más de 800 cargos de elección que se llevarán a las urnas el siguiente año, pero aún debe definirse la geografía electoral, el presupuesto, entre otros.
Además, dijo que desplegarán acciones de vigilancia, supervisión y para verificar que se cumplan las reglas de campaña sobre radio y televisión, foros, debates y la prohibición del uso de financiamiento público o privado para proteger la equidad de la contienda.
El consejero Jorge Montaño, que presidirá la comisión especial, aseguró que la reforma “busca salvaguardar mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las personas juzgadoras, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad, pero que también sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía”.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala confió en que podrán sacar adelante el proceso, aunque advirtió que dada su complejidad, “la letra de la ley va a ser imposible que nos dé las respuestas a todos los retos que nosotros tenemos que asumir”.
“El INE construirá los lineamientos que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad. Porque la reforma prevé los principios rectores., y dentro de estos están el principio de certeza y legalidad. Las reglas se ponen antes, no durante los procesos operativos”, subrayó.
En tanto, la consejera Carla Humphrey hizo un llamado a la Cámara de Diputados para diseñar un presupuesto suficiente para este proceso, “que permita cursar de mejor manera las dinámicas de la planeación, el ejercicio y el control del gasto de la mano de los principios de la austeridad republicana”.
De parte del Instituto, dijo, trabajarán para crear el andamiaje normativo necesario para organizar el proceso, aunque subrayó que el Poder Legislativo puede aportar claridad y densidad legal “si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico, consolidado en leyes secundarias indispensables”.
La consejera Rita Bell López reconoció que las implicaciones técnicas y operativas que llevará el poder desahogar este proceso son un reto mayúsculo, ya que este proceso no puede ser pensado de forma tradicional.
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