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El Instituto Nacional Electoral no es el que decide si se hace o no la consulta popular, aseguró la consejera del INE Norma de la Cruz.
En conferencia, subrayó que el tema de la consulta popular debe pasar antes por el filtro de la Suprema Corte de Justicia, y es ésta la que debe determinar si procede, para que entonces el instituto electoral entre al tema.
“En el instituto [INE] no podemos decidir si se hace la consulta o no, tiene que pasar por el filtro de la Suprema Corte y si lo aprueba y nos da el trabajo de organizarla, la llevamos a cabo”, señaló.
La consejera electoral subrayó que, obviamente, la organización de una consulta popular tiene implicaciones logísticas, financieras y operativas, para lo cual, en su caso, el Consejo General del INE tendrá que tomar los acuerdos necesarios para poder cumplir con la orden que pudiera llegar respecto al tema.
“Lo mismo pasa con las instrucciones del Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación], nosotros podemos estar o no de acuerdo con lo que nos mandata, pero esa es la ley, entonces nosotros tenemos que cumplir el mandato que nos da el tribunal, independientemente de lo que personalmente nos parezca esa decisión. Nosotros como institución tenemos que responder, y parte de nuestra responsabilidad es hacer cumplir la ley”, puntualizó la consejera.
Ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al INE que se prepare, porque seguramente habrá consulta popular respecto a si se deben realizar juicios a expresidentes.
El Mandatario federal dijo al consejero presidente del INE que no es válido su argumento respecto a que la consulta costará alrededor de 8 millones de pesos, por lo que aconsejó “ajustarse el cinturón”.
La consejera electoral Norma de la Cruz indicó que el INE se puede ajustar “todavía más” el cinturón, pero no en áreas específicas encargadas de organizar procesos electorales. Recién el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo a los diputados de Morena que ante la posibilidad de que exista una consulta popular en 2021, será necesario revisar los cambios legislativos, toda vez que, de llevarse a cabo, tendría que realizarse el 1 de agosto del próximo año.
Tal situación, dijo a los legis-ladores, tiene implicaciones económicas que llevarán al instituto electoral a solicitar mayores recursos.
