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El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló mediante su documentación que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta distintos desafíos en: presupuesto, organización y fiscalización.
IMCO expresó que el INE mantiene el mismo presupuesto, a pesar del crecimiento en el padrón electoral y número de cargos, tan solo transfiere el 31% de su presupuesto a los partidos políticos y tiene a su cargo la fiscalización de estos recursos. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales, para el proceso electoral de 2024, el INE transfirió 10 mil 179 millones de pesos a los partidos políticos, el monto más alto en la historia.
Los recursos destinados a la gestión administrativa del Instituto y a la organización electoral está baja, la organización electoral, por ejemplo,recibió 2 mil 873 millones de pesos en 2024, 21% menos que en 2018.
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La fiscalización de gasto para el INE es un desafío por la naturaleza de su estructura orgánica, en el 2023, se destinó el 61% del gasto operativo total a las Juntas Locales y Distritales. Sin embargo, este gasto recibió únicamente 11% de las auditorías internas en 2023.
Un dato importante es que el Órgano Interno de Control no mencionó la auditoría de las juntas y solo se realizaron tres auditorías a las juntas Locales y Distritales. Sin embargo, en dichas auditorías tuvieron contratación con proveedores inhabilitados o sancionados, deficiencias en comprobaciones fiscales de servicios y el incumplimiento de normativas en nombramientos.
Ante los puntos mencionados el IMCO propuso que se cree un fondo para procesos electorales en el que el INE pueda acumular recursos con el propósito de organizar elecciones extraordinarias.
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Así como unificar las bases de datos de nómina y recursos humanos de las diferentes áreas delINE en la Dirección de Administración para facilitar el monitoreo del cumplimiento del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos.
Además de garantizar que el gasto ejercido por las Juntas Locales y Distritales sea empleado siguiendo los principios de economía y eficiencia.
Además, el INE debe mejorar la calidad de los datos abiertos que publica el Instituto para que la sociedad civil y la ciudadanía pueda utilizarlos en la creación de herramientas de fiscalización y análisis que fortalezcan la confianza ciudadana en el INE.
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Por último, IMCO recalcó la necesidad de realizar un diagnóstico detallado del Servicio Profesional Electoral para evaluar la pertinencia de las evaluaciones y los esquemas de promoción vigentes.
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