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La consejera del INE, Claudia Zavala, señaló que la posible suplantación de la identidad de personas de la comunidad LGBT+ para ocupar cargos de elección popular es otra forma de violencia hacia grupos que han sido históricamente discriminados y que no deben repetirse estas acciones.
Durante la sesión de la comisión de No Discriminación e Igualdad de Género, la consejera mencionó el caso de personas que ganaron curules en el Congreso local autoadscribiéndose como mujeres trans, aunque podrían estar suplantando esta identidad.
"Indigna escuchar esos mensajes en los que se prepararon, por un lado, para aprovecharse, para preparar un camino, para ocupar un lugar que no les pertenece. Un lugar que tiene una acción afirmativa para personas que han sido discriminadas durante muchas décadas o toda una historia de nuestra sociedad", apuntó.
"Y que hoy lo estamos viendo patente y que resulta lacerante para la sociedad. La sociedad debemos indignarnos, debemos levantar la voz porque verdaderamente lo que sucedió no se puede permitir".
Explicó que los convenios en derecho marcan una pauta para no discriminar a las personas preguntándoles que acrediten una identidad, criterios que deben seguirse.
"Esto se impugnó porque ya se veía por los grupos que había una propensión a abusar del derecho, y cuando lo impugnaron el Tribunal de Michoacán este emitió una resolución, que esta resolución sí exigía una calificación de la identidad porque tenía avisos ya de que la buena fe por la que había actuado el Instituto Electoral local parecía que este iba a ser viciado" dijo.
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Sin embargo, precisó que esta resolución del Tribunal Electoral fue revocada por la Sala Regional Toluca, partiendo de la base que resulta discriminatorio exigir una prueba de la inscripción o de la identidad que se está asumiendo como persona.
Si bien dijo que la Sala Regional actuó conforme a los convenios internacionales, en los hechos se permitió "un atentado contra los derechos de la comunidad LGBT+, y en esa medida este creo que es algo que tendremos que analizar".
Destacó que los colectivos están accionando para poder derribar desde los tribunales, lo que en los hechos parece ser que es un abuso del derecho y una suplantación de identidades para ocupar cargos.
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"Frente a la sociedad mexicana creo que es importante señalarles: uno, que las autoridades, sobre todo administrativas electorales, generamos una normativa sobre la base del principio de buena fe que esperaríamos que no fuera defraudado por nadie que cuando hay indicios de esa defraudación; están los tribunales para conocer de los casos concretos y que es y que pueden ser sometidos a consideración sobre todo cuando hay una evidencia pública de lo que se hizo para poder llegar a ocupar un cargo de elección popular", sostuvo.
Añadió que en este caso la resolución le corresponde a los tribunales electorales y sigue en proceso.
"Creo que ahora en este mes es oportuno, sí, señalar que es inadmisible, indigno ocupar un lugar que no les pertenece cuando no son parte de la comunidad", concluyó.
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