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Entre desacuerdos, el Consejo General del INE aprobó el tope de gastos de campaña para las candidaturas del Poder Judicial, el cual será de 220 mil 326 pesos para todos, sin importar el cargo al que aspiren, desde ministros de la Suprema Corte hasta juzgadores de distrito.
A propuesta de la presidenta, Guadalupe Taddei, se planteó elevar el tope de gastos dependiendo del cargo, hasta en 1.4 millones de pesos, en el caso de las candidaturas que son a nivel nacional, como la Suprema Corte o Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, no alcanzó el voto de la mayoría.
Otra propuesta fue escalonar los montos para que a nivel subnacional el tope fuera menor, pero tampoco fue aprobada.
El acuerdo justifica que las campañas del Poder Judicial serán mayoritariamente en redes sociales y foros, además de que las leyes secundarias establecen que el tope deberá ser igual a las aportaciones para diputaciones federales de la elección anterior.
La presidenta Taddei propuso que los 220 mil pesos fueran el piso y no el techo de gastos, considerando los cargos que se renovarán a nivel nacional y que requieren más recursos para viáticos.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, advirtió que establecer un tope restrictivo coloca a las candidaturas “en un umbral de ocultamiento innecesario y que les puede llevar a la ilicitud”, por lo que planteó elevarlo dependiendo del cargo.
“En efecto, entre las personas contendientes hay distinciones y posibilidades socioeconómicas diversas, pero no hay una lógica razón o fórmula en el proyecto más que señalar que ése es el tope que estableció el legislador y que, como ya referí, es una interpretación incompleta para argumentar que los 220 mil pesos que se proponen evitan que, y cito: Se beneficie a quienes más recursos tienen, incluso a las candidaturas que ocupan hoy un cargo público con ingresos fijos y elevados, poniendo en desventaja las candidaturas con menos recursos, cierro cita”, expuso.
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Elevar tope causaría inequidad, advierten
El consejero Uuc-kib Espadas señaló que establecer un tope de hasta 2 millones para candidaturas nacionales no genera ningún beneficio y, por el contrario, genera una diferencia de competitividad entre los candidatos millonarios y el resto, ya que apenas un promedio de nueve candidaturas podría costear una campaña de ese tipo.
El consejero Jaime Rivera apuntó que elevar el tope de gastos puede acentuar la inequidad en los casos en los que las candidaturas ya están ejerciendo un cargo público “y lo están aprovechando para tener una mayor exposición pública por medio del uso de recursos públicos o quizá privados, supuestamente dedicados a otros fines, pero que en la realidad les permite promoverse ante grupos más o menos grandes de personas”.
La consejera Dania Ravel expuso que, si se considera que estas campañas se realizarán preponderantemente en redes sociales, el ámbito territorial deja de ser un factor relevante de gasto y el monto propuesto es adecuado.
“No niego que es un tope limitado; no obstante, más allá de que es un tope expresamente establecido en la legislación, la manera de hacer campañas que concibieron las personas legisladoras para esta elección me parece que lo justifica”, dijo.
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