El Consejo General del INE aprobó dos multas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un total de 60 millones 611 mil 326 pesos, por simulación de recursos dedicados a cursos de capacitación política y liderazgo de mujeres durante 2018.
En un primer asunto, el INE determinó que en ese año, el Partido Verde hizo una simulación de recursos por la realización de cursos enfocados en capacitación política por un monto de 18.5 millones de pesos.
Al considerarse como una infracción grave, se sancionó con el 200% del monto involucrado, es decir, con 37 millones 014 mil 526 pesos.
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La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que la Universidad de las Ciencias ni el partido pudieron comprobar que los cursos que se impartieron estuvieran relacionados a la capacitación política.
“No existe evidencia del avance gradual de las personas participantes dentro de los cursos realizados, o en su caso, de las evaluaciones a cada persona concursante y el resultado de estas. No obstante, el contrato celebrado entre el proveedor y el partido obliga al primero a entregar al partido los resultados de las evaluaciones realizadas”, apuntó.
Por su parte, el representante del PVEM, Fernando Garibay, señaló que el tiempo de resolución fue excesivo, ya que tardaron casi seis años al tratarse del informe de 2018, y expresó su desacuerdo con la resolución y van a impugnarla.
En otro asunto, el INE recibió la confirmación del Tribunal Electoral por la que queda firme una multa al Partido Verde por 23 millones 596 mil 800 pesos.
En este caso, el Verde no pudo comprobar el destino de 11 millones de pesos destinados al liderazgo político de las mujeres durante 2018, que presuntamente se usó en cursos impartidos por instituciones educativas.
“Es importante mencionar que el sujeto obligado registró operaciones relacionadas con el cumplimiento de la obligación de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, sin embargo, de la investigación realizada y del caudal probatorio correspondiente, no se tuvo la certeza de que las operaciones fueron efectivamente llevadas a cabo, aunado a que existieron indicios suficientes que acreditaron la falta de veracidad en las mismas”, expone el proyecto.
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