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La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que existen 50 indagatorias contra servidores públicos presuntamente ligados al huachicoleo.
“Iniciamos más de 50 investigaciones contra servidores públicos ligados al esquema de huachicoleo. Media centena de estas indagatorias están en los procesos de asignación de la responsabilidad conducente.
“En tres casos ya se impusieron tanto destitución de cargos de alto mando, como la inhabilitación por 10 y hasta 15 años”, explicó.
Irma Eréndira Sandoval también dio a conocer que se investigan 611 convenios que 27 entidades de la administración pública realizaron con universidades en el marco del caso conocido como la Estafa maestra.
La funcionaria federal señaló que hasta el momento se han revisado 288 convenios, los cuales equivalen a 35 mil millones de pesos.
Detalló que las indagatorias se concentran en personal de mando de la Dirección de Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual tenía a su cargo el monitoreo de la presión de los ductos.
“Los cargos son altos mandos, direcciones generales, de área, incluso las mismas direcciones generales adjuntas que eran abundantes en Pemex, en particular en esta Dirección de Logística”, específico sin revelar los nombres de los investigados.
La funcionaria expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene vista de seis casos.
Por otra parte, Irma Eréndira Sandoval afirmó que con cambios de fondo que lograron en el primer año de la presente administración, con una aprobación ciudadana de 61% en la política contra la corrupción, el gobierno de México demuestra con hechos que el combate a ese flagelo es su prioridad y que va en serio.
Al exponer en conferencia de prensa los avances contra el dispendio y la impunidad, señaló una mayor confianza de la ciudadanía hacia la política anticorrupción del Gobierno de México que, según el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), elaborado por Transparencia Internacional, “dio un salto histórico” de 37 puntos porcentuales, al pasar de 24% en 2017 a 61% en 2019.
Abundó que, al 31 de octubre, la Función Pública recibió más de 31 mil denuncias y resolvió más de 9 mil investigaciones, impuso 3 mil 452 sanciones a servidoras y servidores públicos, entre las que destacan mil 263 inhabilitaciones y 257 sanciones económicas por más de 3 mil 600 millones de pesos.
En materia de licitantes, proveedores y contratistas, sancionó a 187 empresas y aplicó multas por mil 432 millones de pesos, 25% más que en el mismo periodo del año anterior.
La encargada de la Función Pública especificó que en el caso de la Estafa maestra, en 27 entes de la APF se detectaron 611 convenios celebrados entre 2013 y 2018 con instituciones públicas de educación superior.
A la fecha, comentó, se han revisado 288 convenios por un monto de 35 mil millones de pesos y se continúa con la revisión de otros 323 convenios.
