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La Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inconstitucional el programa Mochila Segura, que fue implementado para evitar que los alumnos introduzcan armas a los planteles escolares.
Por mayoría de votos, la Primera Sala de la Corte avaló el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien consideró que dicho programa se ejecuta de manera arbitraria y sin reglas claras, por lo que transgrede los derechos a la privacidad e intimidad de los alumnos.
“El programa u operativo conocido como Mochila Segura se viene implementando sin sustento legal alguno, y no sólo al arbitrio de las respectivas autoridades educativas, sino también de las propias autoridades de cada plantel educativo, ante la ausencia de reglas claras y formales.
“Dicha ausencia de sustento legal y regulación específica desarrollada en un marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implica la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de los educandos”, indica el fallo.
Esta es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre este tema, por lo que la resolución únicamente beneficia a tres niños que viven en la Ciudad de México para que, una vez que acudan presencialmente a sus escuelas, sus pertenencias no sean revisadas por las autoridades.
En consecuencia, las autoridades educativas federales y locales deberán abstenerse de aplicar a los quejosos el operativo Mochila Segura en la escuela a la que acuden o cualquier otro plantel en el que continúen su formación escolar, siempre que esté en la Ciudad de México.
En su resolución, el ministro Pardo planteó la posibilidad de implementar programas de seguridad consensuados con los padres de familia y no que se apliquen de manera obligatoria.
“Todo lo anterior no implica que este alto tribunal desconozca la necesidad de que las distintas autoridades que conforman el Estado mexicano garanticen la seguridad de los educandos en los planteles educativos; mitigando cualquier riesgo que ponga en peligro su vida, su salud y, en general, su integridad; sin embargo, lo que no puede aceptarse es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometen los derechos de los propios educandos.
“En última instancia, la inconstitucionalidad del programa Mochila Segura y de las acciones asociadas al mismo no deberá impedir que las comunidades escolares que así lo decidan lleven a cabo programas de seguridad escolar de diseño consensual y no obligatorios, los cuales, incluso, pueden implicar revisiones a las pertenencias de los educandos, siempre y cuando dichos esquemas respeten la oposición de quienes no acepten sujetarse a dichas medidas”, señaló.
