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El Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ( PGJCDMX ) entregar información sobre el presupuesto de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas , así como de los bienes objeto de extinción de dominio, desde su creación hasta 2017.
En sesión del pleno del organismo, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena informó que una persona solicitó a la Procuraduría capitalina información sobre presupuesto, acciones de la fiscalía para la trata de personas y extensión de dominio .
La Procuraduría, señaló la comisionada, manifestó “imposibilidad material y jurídica” para entregar dicha información y sólo entregó el número de víctimas atendidas, y en materia presupuestal, estadística de prevención o persecución, o atentado contra víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual , así como de extinción de dominio, la PGJCDMX manifestó “imposibilidad material y jurídica para entregar dicha información y posteriormente sólo entregó número de víctimas atendidas”.
El pleno del Instituto determinó que el agravio del particular relacionado con la entrega de información incompleta resultó fundado, en virtud de que no se llevó a cabo una búsqueda de información exhaustiva en todas las unidades administrativas.
La comisionada aseguró que esa solicitud de información guarda estrecha relación con información vinculada a una serie de delitos que se enlazan entre sí, como la desaparición de personas e infantes, cuerpos encontrados en fosas clandestinas y redes de trata de personas, particularmente en la Ciudad de México, que ocupa el tercer lugar, únicamente superados por Chiapas y Puebla, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“El presente caso se enmarca en la vertiente de personas desaparecidas que son objeto de trata de personas y explotación sexual”.
El pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y le instruyó a informar del presupuesto asignado a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de 2013 a 2017 y la entrega de los datos de los bienes objeto de extinción de dominio.
“En este asunto, además de garantizar el derecho al acceso a la información del ciudadano, se manifiesta la utilidad de este organismo para dar plenitud de otros derechos como el ejercicio a la libre personalidad, el derecho a la verdad, y en su caso, la reparación del daño ocasionado a las victimas”, agregó la comisionada.
