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La Secretaría de Gobernación (Segob), deberá entregar la versión pública de los documentos que obran en la averiguación previa, la carpeta de investigación y las causas penales relacionadas con el caso Atenco , en la que mujeres sufrieron violaciones graves a los derechos humanos en 2006, así lo determinó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La dependencia, también, deberá proporcionar el plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal (actual Guardia Nacional), así como del observatorio independiente.
Esto, tras la negativa de la Segob para entregar los contenidos relacionados con los avances que ha tenido el Estado Mexicano en relación con la sentencia emitida por el Supremo Tribunal Interamericano, en el marco del caso Atenco .
Ya que la dependencia informó que la sentencia es atendida por diversas instancias del Estado Mexicano a través de las autoridades competentes en las jurisdicciones local y federal, y señaló que la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre el seguimiento y cumplimiento de los resolutivos en contra de nuestro país; y se limitó a dar la liga donde podría consultar el seguimiento del caso.
Por este motivo el solicitante interpuso un recurso de revisión, pues consideró que la respuesta de Segob no corresponde con lo solicitado.
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Josefina Román Vergara, fue la comisionada ponente del caso y señaló que el 28 de noviembre de 2019, en un acto histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la resolución dictada en el Caso: Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs México, declaró la responsabilidad del Estado Mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de once mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia, en el mes de mayo del año 2006.
La comisionada verificó que la liga de internet a la que Segob orientó al particular no contiene los avances solicitados, sino que remite a la Resolución de Cumplimiento del 07 de octubre de 2019, en la que se tuvo por ejecutado el reintegro al Fondo de Asistencia; por lo que resultó fundado el agravio del solicitante.
Román Vergara explicó que lo que inició como un conflicto entre floricultores de San Salvador Atenco, Estado de México, y las policías estatal y municipal, desató una serie de bloqueos carreteros, marchas y enfrentamientos entre inconformes y policías que dejaron un saldo de dos muertos y 191 detenidos, de los cuales 183 denunciaron abusos policiales y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales , todos ocurridos durante su detención y traslado.
Agregó que, tras un análisis de los hechos, las pruebas -peritajes, declaraciones, denuncias y demás actuaciones a la luz de los derechos humanos tutelados en la CIDH-, se determinó que existieron, entre otras, violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, como discriminación y tortura, así como violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por 11 mujeres víctimas de este caso.
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La ponencia de Josefina Román, señaló que se debe priorizar el derecho a saber sobre todo tratándose de afectaciones graves de derechos humanos, respecto de cualquier reserva posible.
“Esta resolución es referente para que impere el derecho de acceso, toda vez que es necesario y relevante que la sociedad pueda conocer la información de interés ante un asunto de gran y lamentable trascendencia, en el que participaron quienes fueran servidores públicos y que operaron fuera del principio de legalidad”, precisó Román Vergara.
Por ello, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó entregar al particular la versión pública de la información requerida, así como emitir un acta del Comité de Transparencia en la cual se confirme la inexistencia del acto público y las becas otorgadas; así como la incompetencia aludida por parte de la dependencia.
hm
