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Fue su última sesión pública y el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) no pudo bajar el telón en paz. Gritos y reclamos de 30 trabajadores opacaron una conclusión digna.
Fueron meses de incertidumbre para los trabajadores del instituto, quienes no sabían cuál sería su futuro laboral después de la desaparición del órgano autónomo... y ayer todo explotó.
Pese a horas de resistencia, por fin, la exigencia de sus trabajadores para que se les liquidara antes de la extinción fue sometida a votación en el pleno, pero se rechazó tras un debate que se prolongó por más de cinco horas.
La última sesión del máximo órgano en materia de transparencia en México estaba programada a las 15:00 horas; sin embargo, desde las 13:00 horas decenas de trabajadores comenzaron a reunirse afuera del salón de sesiones. Llegaron con pancartas con leyendas como: “La transparencia empieza en casa” y “Respeten nuestra antigüedad”.
Los inconformes denunciaron que no han sido notificados sobre sus liquidaciones, a horas de que el Inai se extinga.
“No nos han dicho si nos van a contratar en el nuevo órgano, no nos han dicho si nos van a liquidar, no nos han dicho nada, queremos información, esta es la casa de la información y no es posible que no se nos diga lo que va a pasar con nosotros”, declaró Omar Cortés, uno de los manifestantes.
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Entre gritos de consignas como: “¡Comisionado, escucha, únete a la lucha!”, “¡Queremos, ya, certeza laboral!”, y “¡Liquidación justa!”, los manifestantes afirmaron que tampoco han firmado contratos con la nueva Secretaría Anticorrupción, nadie les ha dicho si sus salarios serán los mismos si aceptan irse o si mantendrán su antigüedad.
La respuesta de Adrián Alcalá fue clara y contundente: “No hay viabilidad para ello, el Inai no está dando por terminada la relación laboral, es una extinción ajena a nosotros”. Explicó que el órgano autónomo está impedido jurídicamente para pagar liquidaciones, toda vez que en la reforma de simplificación orgánica se establece que los derechos laborales de todos los trabajadores serán respetados, y que todo el capital humano pasará a formar parte del órgano desconcentrado que será denominado Transparencia para el Pueblo, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El bullicio volvió, al tiempo que las comisionadas y el comisionado presidente caminaban al pleno entre gritos y descalificaciones.
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Ya adentro, Alcalá Méndez dijo que existe la voluntad de atender el tema y anunció: “Quiero agregar un punto al orden del día, un acuerdo en materia de compensaciones”. El denominado proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones administrativas para pagar una compensación económica a las personas que de manera voluntaria decidan concluir su relación laboral con motivo de la extinción del Inai fue bien recibido y aplaudido.
Planteaba otorgar 90 días de salario más la parte proporcional de 20 días por año en el último nivel tabular del puesto ocupado. De acuerdo con el documento, lo anterior representaba montos de hasta 531 mil pesos de compensación; sin embargo, el ambiente se inundó de incertidumbre a medida que el proyecto era analizado.
En el debate, la comisionada Josefina Román advirtió: “Yo veo necesario que se analice y que se revise bien; sólo por hacer algunas precisiones, el acuerdo señala que se pagaría conforme a la Ley Federal del Trabajo, pero esto no nos aplica porque somos apartado B del 123 constitucional”.
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Blanca Lilia Ibarra también pidió “estudiar la propuesta con la tranquilidad que se requiere, porque lo estamos conociendo ahorita, no sabíamos”. Mientras, Norma Julieta del Río recordó que el Inai está siendo auditado, por lo que “si hubiese responsabilidad administrativa, tendríamos que hacer la devolución correspondiente”.
Ante las lagunas legales y el riesgo de que la propuesta se pospusiera, un trabajador gritó: “¡Queremos que el acuerdo se apruebe ahorita, tuvieron casi un año para analizarlo, queremos la solución hoy!”. Las consignas volvieron al pleno: “¡Respeten nuestra antigüedad!”, “¡Valoren nuestra trayectoria!”.
Y mientras las y el comisionado debatían la forma de resolver las lagunas legales del acuerdo, una empleada se puso de pie y cuestionó: “Yo quiero saber si en las mesas de trabajo está acordado que nuestros derechos laborales serán respetados en la secretaría, no queremos que sea una decisión a nivel instituto y luego allá nos desconozcan”. La comisionada Del Río se dirigió a la directora general de administración, quien estaba presente, y le pidió explicar lo que se ha dicho en las mesas de negociación con la Secretaría Anticorrupción.
“Tú nos dijiste que en la última reunión les dijeron que la Secretaría Anticorrupción no va a absorber el personal. ¿Por qué no nos explicas?”, le solicitó.
La directora se levantó de su lugar y caminó hacia el estrado entre las miradas de los presentes: “Sí hemos participado en estas mesas; sin embargo, no se ha llegado a un consenso y no hay nada oficial. Se ha abordado la posibilidad de que los recursos humanos se transfieran, pero todo se ha quedado en la mesa, no hay nada que de manera oficial que les podamos comunicar en este momento”, declaró.
En medio de los cuestionamientos, se decretó un receso que se prolongó por casi tres horas. Al volver, el comisionado presidente dijo que, tras una deliberación, se determinó someter a votación el proyecto en sus términos.
Las tres comisionadas votaron en contra al argumentar que aprobar dicho acuerdo era violatorio de la ley. Explicaron que consultaron al Órgano Interno de Control, cuyas autoridades les advirtieron que incurrían en una ilegalidad. Agregaron que el documento violaba los derechos de los empleados, pues al firmarlo se comprometían a no interponer recursos legales y quedaban impedidos para ser absorbidos por la nueva secretaría.
Al término de la sesión, los trabajadores manifestaron su descontento, advirtieron que buscarán asesoría legal y no descartaron llevar a cabo movilizaciones.
