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Diversos jueces impugnan ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la distribución que hizo de los circuitos judiciales en los que se repartirá el país en la elección judicial de 2024-2025, porque acusan que se anulan derechos de ciudadanos.
Los jueces argumentan que el Consejo General del INE sobrepasó sus atribuciones al determinar que los 32 circuitos judiciales se tenían que subdividir en 60.
Esto generará que los ciudadanos al acudir a votar no puedan elegir a todos los jueces que serán los encargados de impartir justicia.
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Por ejemplo: de acuerdo con la reforma judicial, los capitalinos tenían derecho a votar por todos los jueces y magistrados del Primer Circuito, que comprende la Ciudad de México. Sin embargo, al subdividirlo no todos podrán sufragar por sus jueces y magistrados, y sólo lo harán por algunos de ellos.
Si antes iban a poder votar por más de mil jueces y magistrados, ahora sólo van a elegir a unos 100, aproximadamente, porque es más fácil elegir a 100 que a mil impartidores de justicia, lo que viola los derechos político-electorales de todos los mexicanos.
Una persona de la Ciudad de México que reside en la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, pertenece al Circuito 1 y sólo podrá votar por el juez de esa demarcación, a pesar de que en el Circuito hay más jueces que pueden resolver sus asuntos.
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“Un diputado es representante de su Distrito y la gente votó por él… Se supone que el juez es de todo el Circuito. Quieren equiparar a los impartidores de justicia como a los diputados, pero no lo son”, argumentan las fuentes consultadas.
Los jueces impugnaron ante el INE el acuerdo INE/CG2362/2024 del Consejo General del INE, que aprueba el marco geográfico electoral que se utilizará en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, referente a la elección de juzgadores del PJF.
La demanda señala que el Consejo General del INE excedió sus facultades e invadió la competencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para determinar el número de circuitos y regiones judiciales en que se divide el país, así como el número de tribunales, juzgados y la especialización de cada uno de ellos.
Expone que el Consejo General del INE determinó que existen 60 circuitos judiciales sin tener competencia para ello y sin fundamento alguno.
“Esta ocurrencia no tiene sustento jurídico alguno, pues la geografía judicial vigente establece que en el país existen 32 circuitos judiciales repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional.
“La base legal sobre la cual se debió sustentar el marco geográfico a utilizarse en la elección judicial son precisamente los 32 circuitos judiciales vigentes, por lo que en modo alguno puede presentarse una cartografía con 60 circuitos judiciales que no existen”, indica el documento.
Detalla que esto es así porque el artículo 96, párrafo tercero de la Constitución refiere que para el caso de magistrados de Circuito, así como jueces de Distrito, la elección se realizará por circuito judicial.
“Contrariamente a ello, sin contar con atribuciones, realizó una geografía judicial electoral basada en 60 circuitos judiciales que, se insiste, no existen (creó 28 circuitos adicionales de forma imaginaria) y por ello el marco electoral en su integridad es ilegal, pues se sustenta en datos irreales”, asegura.
Agrega que se evidencia que el INE inventó una figura que no tiene sustento constitucional ni legal que se aparta de su deber de acatar y cumplir con la Constitución y la ley como autoridad electoral.
El acuerdo que emitió es ilegal; en todo caso, debió partir de la existencia de los 32 circuitos judiciales y con base en ellos considerar el número de distritos electorales uninominales que corresponden a cada uno para determinar el marco geográfico electoral, expone.
También el Consejo General del INE estableció un criterio que denominó “Distribución de especialidades” para que la ciudadanía elija al menos un cargo en materia penal.
A juicio de este organismo, dar a toda la ciudadanía la oportunidad de elegir representantes en esta materia asegura que todas las regiones del país cuenten con representación penal adecuada, para fortalecer la confianza en el sistema judicial.
“Como se observa, el Consejo General del INE, una vez más, excedió su ámbito de atribuciones y se sintió con la libertad de decidir cuántos jueces o magistraturas penales tiene que haber en cada circuito judicial o región del país, cuando esta situación es compleja y deriva de un análisis riguroso que realiza el CJF”, refiere el documento.
