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Este miércoles, las excoordinadoras del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit, están citadas para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación en la que están relacionadas por lavado de dinero, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado.
La FGR programó la comparecencia de algunos de los 31 científicos y exfuncionarios investigados por el caso Conacyt, debido a que han solicitado en diversas ocasiones y ante autoridades judiciales tener acceso a la carpeta de investigación.
Ayer martes estaban programadas las primeras dos comparecencias de Mónica Ramírez, exempleada administrativa, y Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Sin embargo, fuentes ministeriales confirmaron a EL UNIVERSAL que la persona encargada de llevar el asunto en la fiscalía presentó síntomas con sospecha de Covid-19. Por protocolo acudió a realizarse una prueba, misma que, según las fuentes consultadas, salió negativa.
Al ser informada de esto, Mónica Ramírez, quien tenía cita a las 11:00 horas, y su abogado no pudieron ingresar a las instalaciones de la FEMDO.
Entre los otros citados está también el exoficial Mayor Víctor Gerardo Carreón Rodríguez; la fundadora del foro, Patricia Zúñiga, y el excoordinador de dicho ente, José de Jesús Franco López.
Hasta ahora, la FGR ha intentado en dos ocasiones conseguir órdenes de aprehensión contra los 31 implicados, quienes fueron denunciados desde el año pasado por la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
Sin embargo, la fiscalía no ha tenido éxito en sus intentos, porque en una primera ocasión consideró que la carpeta no estaba armada adecuadamente; mientras que en la segunda, el juez consideró que no había delito que perseguir.
En su acusación, la FGR afirma que existen irregularidades desde la creación del foro, debido a que el mismo fue constituido como una asociación civil tres meses antes de que se estipulara así en el Estatuto Orgánico del Conacyt.
Además, indicó que al tratarse de un foro consultivo sus funciones se limitan a emitir opiniones y no a gastar recursos públicos.
Por ello, acusó la ilegal transferencia de más de 240 millones de pesos del Conacyt al foro entre 2013 y 2018, periodo en el que Enrique Cabrero fue director del consejo y quien actualmente también forma parte de los 31 investigados.
Además, la FGR aportó como datos de prueba diversos gastos que consideró que no cumplen con el objetivo del foro pues se cuenta la compra de una casa, viajes al extranjero, celebración de banquetes, salarios, impuestos, entre otros.
