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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso una iniciativa de reforma para dar facultad al Congreso General de legislar y expedir un tipo penal de la extorsión que aplique a nivel nacional.
Bajo el argumento de que las leyes locales tienen “deficiencias”, el proyecto plantea permitir que el Congreso Federal legisle en la materia, a fin de contar con una sola ley homologada en las 32 entidades federativas.
“El delito de extorsión es de jurisdicción concurrente; se encuentra previsto tanto en el Código Penal Federal, como en los códigos penales de las entidades federativas, lo que conlleva que esté regulado generalmente con distintos bienes jurídicos protegidos y variados verbos rectores, tanto en el tipo penal como en sus calificativas, agravantes, modalidades y penalidades”, explica el proyecto.
Lo anterior, puntualiza, impide contar con una “homologación de las penas”, lo que al mismo tiempo impide el combate eficaz de este delito a nivel nacional.
¿Cuántos años de cárcel dan por extorsión?
“Actualmente, los códigos penales Federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima; rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos. Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos. Esta disparidad debe ser corregida”.
Las diferentes legislaciones, también varían en las multas impuestas por el delito de extorsión.
Estados como Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, manejan un rango de multas que oscila entre los 36 mil hasta los 86 mil pesos. Mientras que, en Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, cuentan con rangos que van de los 77 mil hasta los 130 mil pesos.
Por su parte, en el Código Penal de la Ciudad de México, las multas van de los 226 mil hasta los 340 mil pesos. En tanto que, en Coahuila, existe el rango con las cifras más altas por multas a nivel nacional; de los 345 mil hasta los 691 mil pesos.
“Lo cierto es que ninguna de las legislaciones actuales prevé las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar eficazmente las complejidades de este delito; por el contrario, exponen las deficiencias previamente descritas. El Estado debe ofrecer a la sociedad una estrategia eficaz en lo concerniente”, agrega la iniciativa de reforma.
Reforma de ley contra la extorsión homologada
El proyecto señala que, derivado de lo anterior, “se requiere la expedición de un marco legal que de manera homogenizada fortalezca la concurrencia de atribuciones entre la Federación y las entidades federativas, garantice resultados y proporcione a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, una legislación general que permita contar con una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades actuales”.
La propuesta faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión, con el objeto de prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión y establecer mecanismos de atención efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos.
Modifica la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: “El congreso tiene la facultad para expedir… las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.
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¿Qué acciones podrá realizar el Estado mexicano contra la extorsión?
“Lo anterior, permitirá articular de una forma eficiente y eficaz los recursos del Estado Mexicano para el combate estratégico de este delito mediante acciones de investigación e inteligencia, y el uso de herramientas institucionales como:
- Mecanismos de investigación y prevención homologadas y estandarizadas
- Programas de formación y capacitación de personal especializado
- Canales de denuncia y seguimiento coordinados
- Atención pronta y efectiva a víctimas, ofendidos y testigos
- Líneas de investigación efectivas para lograr, además, la reparación integral del daño
- Herramientas tecnológicas para la ubicación y desarticulación de grupos delincuenciales, así como la inhibición de estas conductas desde los centros de prevención y reinserción social respectivos", entre otros.
Finalmente, detalla que lo anterior resulta urgente porque la extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales solo comprenden las denuncias efectivamente presentadas ante las fiscalías estatales, en 2022, 2023 y 2024 se registraron 11 mil 039, 10 mil 950 y 10 mil 804 víctimas de extorsión, respectivamente.
“La Incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en el año 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025, se registró un promedio diario de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62% en solo seis años”, planteó.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8% de las víctimas del año 2024 y de enero 2025; solo el Estado de México acumula el 33.1%.
La iniciativa fue recibida este jueves por la mesa directiva de la Comisión Permanente, la cual determinará qué Cámara será la que tome el proyecto de origen.
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apr/em