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La violencia homicida y la desaparición de personas representan dos de los desafíos más críticos para los derechos humanos y la seguridad pública en México, que ha experimentado un incremento sostenido de homicidios y una expansión sin precedentes en los reportes de personas desaparecidas y no localizadas, señala el reporte “Aula en Acción 2. Calidad y confiabilidad de la estadística sobre violencia criminal: homicidios y desaparición forzada de personas”, elaborado por académicos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de la Ciudad de México.
“El aumento simultáneo de ambos fenómenos revela transformaciones profundas en la configuración de las violencias. Por una parte, las dinámicas homicidas se han vuelto más heterogéneas, con la coexistencia de homicidios múltiples en espacios públicos, ejecuciones selectivas y hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas.
“Por otra, las desapariciones presentan patrones regionales diferenciados, tanto en sus causas como en los actores involucrados, que incluyen el tránsito migrante, conflictos locales vinculados con economías ilícitas y prácticas de control territorial o reclutamiento forzado ejercidas por grupos armados”, destaca.
Asegura que la magnitud real de la violencia excede con creces las cifras reportadas oficialmente.
Precisa que Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sonora, Ciudad de México y Sinaloa concentraron más del 50% de los homicidios dolosos registrados hasta junio de 2025, lo que evidencia una alta concentración de la violencia letal en regiones específicas del país.
En tanto, las desapariciones se concentran en la Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Michoacán, Baja California, Sonora, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, que agrupan más de la mitad del total nacional de personas desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
“La convergencia territorial entre desapariciones y homicidios refuerza la hipótesis de que ciertos territorios operan como nodos de violencia estructural, donde confluyen economías legales e ilegales, disputas por recursos estratégicos y estructuras criminales con capacidad de ejercer control armado sostenido, muchas veces en contextos de colusión o tolerancia institucional”, añade.
Indica que la disminución relativa de los homicidios observada desde 2020 coexiste con un número persistente de hallazgos en fosas clandestinas, una elevada carga de cadáveres sin identificar en los servicios médico forense y un crecimiento sostenido de denuncias por desaparición en distintas regiones.
Estos fenómenos paralelos, como el desplazamiento forzado y el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, agrega, sugieren que la violencia no ha disminuido en términos estructurales, sino que ha adoptado modalidades menos visibles y más difíciles de registrar.
Asegura además que los indicadores convencionales utilizados para medir la violencia, en particular los homicidios, han perdido capacidad explicativa.
En este sentido, acota que aunque las cifras oficiales reportan una tendencia a la baja en el número de asesinatos, esta aparente mejora no necesariamente refleja un descenso real en la intensidad de la violencia, sino más bien una transformación en sus formas de manifestación, que escapan con frecuencia a los sistemas institucionales de documentación y respuesta.
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Refiere que la producción de datos sobre homicidios y desapariciones en México enfrenta no solo limitaciones técnicas, sino también barreras normativas y factores políticos e institucionales que condicionan la documentación institucional. El registro de la violencia se convierte así en un terreno disputado, en el que influyen decisiones administrativas, marcos legales dispares y narrativas estatales que tienden a minimizar la magnitud del fenómeno.
Dice que en los últimos años se han creado nuevas instituciones y plataformas para mejorar los registros, sin embargo, muchas de ellas operan con recursos limitados, sin autonomía técnica y sin procesos de validación rigurosos.
“La falta de inversión sostenida en personal especializado, tecnologías interoperables y formación institucional impide consolidar sistemas robustos de información. La creación de registros sin capacidades técnicas para sostenerlos ha derivado en plataformas inoperantes o inconsistentes”, menciona.
mahc/apr
