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José Dolores Suazo ha esperado que le devuelvan, desde hace seis años, el cráneo de su hermano. La última vez que vio a su familiar se dirigía hacia Estados Unidos, pero en su tránsito por México fue capturado por una presunta banda del crimen organizado que lo torturó, desmembró, le cortó la cabeza y lo tiró en una carretera del municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Dolores aún recuerda las primeras noticias sobre los 49 decapitados hallados en nuestro país en 2012. Esa información dejó de ser ajena al hondureño cuando descubrió que uno de los asesinados era acompañante de su hermano en el trayecto hacia Estados Unidos.
El terror invadió el cuerpo de Dolores y su familia, quienes sólo esperaron un par de días para enterarse de que Mauricio Francisco Suazo, aquel hombre trabajador y con grandes esperanzas de vida, también fue víctima de esa masacre.
“Desde que se escuchó la noticia, sabíamos que habían hecho un desastre con nuestras familias. Cuando tú ves eso en películas, lo ves como una fantasía, pero en nuestro caso no fue ficción, porque a nuestros familiares los cercenaron, los desmembraron y los cráneos no aparecieron”, relata Dolores. Para poder enterrar a su hermano, buscó el apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que se encargó de repatriar los restos de Mauricio a Honduras, y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encargó de unir los torsos, brazos y piernas de las víctimas para tratar de darles forma.
“Fue algo muy duro: 49 restos humanos como piezas de porcelana del mismo modelo. Ahí el Equipo Argentino jugó un papel fundamental, porque armar ese rompecabezas no fue nada fácil”, recuerda Dolores.
El próximo 13 de mayo se cumplirán siete años de los hechos ocurridos en Cadereyta; sin embargo, las autoridades mexicanas no han podido consignar a algún responsable. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que hacer pública la averiguación previa por ser un suceso que lastimó los derechos humanos de las personas asesinadas.
Para activistas y organizaciones de la sociedad civil, así como para los familiares de los 49 muertos de Cadereyta, la decisión de la SCJN significó un paso más hacia la justicia y un golpe sobre la mesa para que ese tipo de hechos no se repitan.
Aunque Dolores ha encontrado otras maneras de exigir justicia junto a asociaciones civiles y activistas, el hondureño ha confrontado a autoridades de su país y de México para obtener respuestas. Esa última demanda también la llevó ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, hace dos semanas, en la visita que realizó en México.
“Vine a México para reclamar no sólo por Cadereyta, también por San Fernando y por todas las masacres que se han dado en la ruta migratoria”, comenta. Dolores no tiene una cifra oficial sobre cuántos migrantes han sido víctimas de algún delito durante su tránsito por México, pero asegura que los centroamericanos cuentan por miles a quienes han sido asaltados, en el mejor de los casos, o desaparecidos y asesinados.
“La muerte de mi hermano y de todos los que fallecieron en Cadereyta hizo que en nuestras mentes cabalguen la tristeza y el dolor, pero eso nos ha hecho más fuertes y más guerreros. Ahora no me da miedo decirle al señor López Obrador que haga lo suyo y haga justicia por las masacres de México”, dice Dolores.
Urgen medidas de seguridad para migrantes. Ante los miles de migrantes que han llegado a México para pedir asilo y trasladarse a Estados Unidos, expertos en la materia pidieron al gobierno incrementar las medidas de seguridad para resguardar la integridad de los extranjeros.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha entregado tareas a la Fiscalía General de la República, y a las procuradurías estatales para que casos como los de Cadereyta y San Fernando no se vuelvan a repetir. Desafortunadamente, las autoridades han permanecido en una sospechosa actitud omisiva”, considera Jorge Molano, coordinador de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Desde esa asociación, Molano ha conocido al menos 900 casos de migrantes víctimas de diversos delitos durante su tránsito por México, por lo que pidió al gobierno mexicano, como primera medida, crear una base de datos con los crímenes cometidos contra esa población.
“Mientras la CNDH reportó 20 mil desaparecidos entre 2009 y 2011 en uno de sus informes, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos sólo se reportan 384. Ese subregistro plantea una grave situación que nos habla de la falta de trabajo y la necesidad de adopción de medidas de carácter urgente”, explica.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), hasta marzo de este año han ingresado 18 mil 517 migrantes a nuestro país; Chiapas ha sido el estado que más ha recibido, pues ahí se ha concentrado 50% de flujo de personas.
Sin embargo, para Ximena Suárez de la Cruz, abogada de defensoría de la organización Sin Fronteras, el incremento de migrantes no ha sido correspondido con más sistemas de protección para ellos, por lo que considera que México se ha estancado desde 2010 en ese objetivo.
