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Este martes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya , acusó que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron distribuir más de 500 millones de sobornos de Odebrecht para pagar a asesores durante la campaña presidencial de 2012, a legisladores y a un partido político.
Ante el papel de testigo colaborador de Emilio Lozoya, en el que ha estado obligado a aportar información relevante con la figura de criterio de oportunidad, para el periodista Raúl Olmos, al exdirector de Pemex no le van a bastar los dichos pues está obligado a presentar pruebas y si no lo hace, “se pone en riesgo el acuerdo”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el autor del libro “Gigante de lodo: Odebrecht y su historia de corrupción en México” , señaló que en próximas semanas o meses empezaremos a conocer una trama de corrupción de alcance muy extenso, que no involucraría nada más lo que fue el gobierno en el poder, sino además a partidos de oposición, en su momento, lo que ha generado una “expectativa gigantesca”.
“Hay que estar concientes que esto está generando una expectativa gigantesca, y también cabe la posibilidad que vivamos momentos de frustración, que estas altas expectativas no se cumplan porque la Fiscalía no logra documentar, no logra probar que está denunciando el propio Lozoya, o Lozoya mismo no logre aportar pruebas de sus dichos.
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“Si estas acusaciones no están sustentadas con pruebas, pues veremos que se caiga el caso. También hay que tener presente eso, el hecho de que haya señalado a altos funcionarios, a personajes de alto nivel, no es garantía de que vayan a ser castigados, porque eso depende mucho de las pruebas que se aporten, de los indicios.
“Debemos estar preparados a un escenario adverso, de decepción, de frustración, de ver que esto no se dio y que volvamos a atestiguar otro caso de impunidad en nuestro país, que hemos visto en otras ocasiones y no me extrañaría que se repitiera. Aquí lo que se abre es la expectativa de que sí pueda ser un caso exitoso, que es un exfuncionario que está acusando y también puede ocurrir que no apruebe las pruebas suficientes y el caso se desplome”, refirió el periodista.
Peña Nieto, un capo que ordenaba los pagos
Si bien en la denuncia de hechos presentada por Lozoya se hace mención al proyecto Etileno XXI, que en 2010 se firmó un contrato en el Gobierno de Felipe Calderón para abastecimiento de gas metano, para Olmos, los gobiernos de ambos expresidentes deben de ser investigados.
Señaló que en el caso del sexenio anterior, Peña Nieto vendría siendo “casi un capo” que va ordenando cómo se tienen que dar estos pagos.
“El señalamiento es muy duro, lo hace una excolaborador del expresidente y lo que también es muy fuerte es que por primera vez escuchemos de la boca de un fiscal, el señalamiento a un expresidente”, dijo Olmos, a quien le parece inédito el involucramientos de dos exmandatarios de México.
“De alguna forma, los mexicanos le estamos subsidiando a la planta petroquímica de Odebrecht, que es Etileno XXI, el insumo básico para transformarlo en polietileno. Esos beneficios indebidos de los que hacía referencia en su denuncia de hechos Lozoya, quien lo tiene que explicar directamente, son los funcionarios del gobierno de Calderón, e incluso el propio Calderón porque él se vio involucrado en la negociación de esta inversión. En su momento él la anunció, él participó negociando y en las condiciones de este contrato.
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“Le corresponde a las autoridades de ese sexenio hacer las aclaraciones pertinentes, que ya no queda nada más como suspicacia, ya queda como un asunto formal, que además ya hay indicios de prueba muy contundentes”, señaló.
Si bien el caso Odebrecht ha salpicado al PRI y al PAN, también ha llegado a funcionarios de la Cuarta Transformación .
En semanas pasadas, Javier Jiménez Espriú renunció al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Comunicaciones y Transportes y se relacionó a su esposa en el caso, quien es accionista de Idesa, empresa mexicana socia del proyecto Odebrecht.
“Si se va a investigar a la empresa, eso implica investigar a los accionistas y son la familia política del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, de hecho su esposa es accionista minoritaria, y el mismo en su momento participó en el consejo de la propia empresa.
“Ahí se va a poner a prueba la independencia de la Fiscalía, si va a investigar a fondo pues no sólo debe quedarse a investigar al gobierno de Calderón ni al gobierno de Peña Nieto sino también estaría obligado a investigar a estos inversionistas aunque toque a un personaje de primer nivel que colaboró en el Gobierno de López Obrador”, indicó.
Que sea un caso de justicia y no de venganza política
Aunque el presidente López Obrador ha hablado del caso de Emilio Lozoya en sus conferencias mañaneras y el fiscal Gertz Manero ha señalado que estos dichos no afectan el debido proceso, Olmos confió en la independencia de la FGR, sin influencia política.
“Más que un éxito de la 4T tendría que ser un éxito de la Fiscalía”, señaló.
“Si lo vemos como un éxito de la 4T, esto quiere decir que está contaminado políticamente. Si en su momento el Presidente celebra que se está combatiendo la corrupción, ya se le está dando un toque político, valdría la pena que se mantuviera al margen para que sea un trabajo de la Fiscalía y se respete esta autonomía y no se contamine con los dichos del Presidente”. agregó.
“Estaríamos ante venganzas políticas y no ante una búsqueda de justicia”, refirió.
ed
