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El gobierno federal mantiene abiertas cuatro investigaciones sobre trata de personas que involucran a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con los informes enviados por el gobierno mexicano al de Estados Unidos, los funcionarios forman parte de la investigación porque supuestamente recibieron pagos en efectivo por facilitar la entrada y residencia ilegal de migrantes víctimas de trata.
“La corrupción relacionada con la trata sigue siendo motivo de preocupación”, indica el informe.
El reporte establece que México no cumple con los estándares mínimos en varias áreas clave para el combate a la trata de personas.
Uno de los focos rojos destacados del documento, elaborado por el Departamento de Estado, son los casos de corrupción involucrados con las redes de trata.
“En octubre de 2019 medios de comunicación informaron que la policía de Tlaxcala obligó a una periodista a abandonar la ciudad mientras ella investigaba problemas de tráfico”, indica.
Destacó que entre los esfuerzos contra el problema está la iniciativa presentada por un integrante del PT en el Senado, la cual busca sancionar adicionalmente y agravar las penas para los funcionarios que se dedican a delitos de trata.
Asimismo, reconoció que otro esfuerzo del gobierno federal es que en el último año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 364 informes de transacciones financieras sospechosas relacionadas con la trata.
Además, la UIF inició 10 investigaciones relacionadas con el lavado de dinero producto del crimen.
