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Ante las recientes controversias por compra con sobreprecios de insumos durante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, organizaciones civiles habilitaron un mecanismo de vigilancia y seguimiento en esta materia e indicaron que sólo cinco entidades han transparentado la adquisición de bienes y servicios que en suma ascienden a cuatro mil 951 millones 016 mil 331 pesos.
Transparencia Mexicana y Tojil señalaron que de las 32 entidades sólo la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora han hecho públicos planes, programas, recursos y acciones para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales.
A través del mecanismo “Susana Vigilancia” han dado seguimiento a las contrataciones que se realizan en el contexto de la pandemia en cada una de las entidades de la República.
“27 gobiernos estatales y el Gobierno Federal aún no publican en sus sitios web oficiales sobre la pandemia información de las contrataciones vinculadas con la emergencia sanitaria”, puntualizon las organizaciones.
Entre las entidades que ya publican información sobre licitaciones, esta Nuevo León pero lo hace a través de documentos cerrados, el llamado formato PDF, lo que dificulta su análisis y utilización. En cambio los otros cuatro estados lo hacen a través de Excel, lo que facilita un análisis minucioso.
Las organizaciones civiles recomiendan hacerlo en multiformato, es decir en bases de datos abiertas y también en formatos PDF. Además pidieron a los gobiernos de los estados que han mostrado apertura que mantenga actualizada la información.
Y solicitan al resto de entidades federativas del país, así como el Gobierno Federal, sigan esta buena práctica, pues alerta que la opacidad es un riesgo adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia.
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