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juan.arvizu@eluniversal.com.mx
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que el Ejecutivo federal envió al Senado, incluye una segunda etapa de combate al robo de petrolíferos, con los objetivos de identificar, detener y llevar a juicio a los líderes huachicoleros y servidores públicos que los protegen.
El gobierno de la República se propone intervenir cuentas bancarias de organizaciones delictivas; catear y asegurar bienes inmuebles e inspeccionar gasolinerías involucradas en los ilícitos relacionados con el robo de combustible a Pemex.
De igual forma, la estrategia persigue “identificar a los líderes sociales regionales que se encuentran relacionados en la comisión de tales delitos”.
El viernes pasado, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, entregó en el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la que se detalla que el Estado “sumará todas las capacidades institucionales” contra este delito.
Señala que en la segunda etapa contra el huachicoleo se trabajará para “identificar el número de investigaciones en curso, a efecto de establecer las redes de vínculos de líderes de organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos” y detectar a quienes desde el servicio público los protegen.
Alcanzar el éxito en el combate al robo de combustibles de Pemex “es una tarea que implica superar vicios, rezagos y deformaciones históricas que exigen comprometer nuestra absoluta voluntad y compromiso con la aplicación de la ley que permitan alcanzar condiciones de paz y bienestar social”.
Expone que “el robo y venta ilícita de hidrocarburos genera graves daños a la economía del país, es detonador de violencia inusitada en diferentes regiones de la República; fomenta la corrupción y genera graves conflictos sociales”.
El huachicoleo origina “riesgos para la población, que incluso han llegado a convertirse en verdaderas tragedias nacionales”, se menciona en alusión a la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo.
En el rango de prevención general del delito se contemplan “programas sociales que permitan inhibir condiciones criminológicas que favorecen la aparición de conductas antisociales relacionadas con el robo y venta ilícita de hidrocarburos”.
En el bienestar social de la población agrega: “Estaremos en posibilidades de evitar que la delincuencia organizada se vea beneficiada de las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población más vulnerable”.
En una tercera etapa contra el robo de combustibles las autoridades federales evaluarán la capacidad de respuesta institucional, a partir del número de ataques a ductos y las pérdidas registradas debido a este delito.
Se evaluará el número de investigaciones iniciadas, de personas detenidas y procesadas, así como la cifra de órdenes de aprehensión obtenidas y cumplidas.
Se tomará en cuenta el catálogo de bienes asegurados y su monto, así como las cuentas bancarias, empresas aseguradas y el número de sentencias condenatorias logradas.
