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Gobernadores del PRI y al menos uno de Morena propusieron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para endurecer el combate a la delincuencia con la inclusión de medidas como flexibilizar el ingreso a domicilios en persecución en flagrancia, el aseguramiento de los vehículos que utilizan los delincuentes sin necesidad de control judicial y “redimensionar” el peso de la denuncia anónima.
“México no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja” se deben respetar los derechos humanos de todos, proteger a las víctimas y abatir la impunidad, dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat , al presentar las propuestas a nombre de los gobernadores del PRI, acompañado por Marco Antonio Mena , de Tlaxcala; Omar Fayad , de Hidalgo y Cuitláhuac García , gobernador de Veracruz y perteneciente a Morena, quien se adhirió a las propuestas en aras de abrir el debate, aunque no se aprueben tal cual.
Entre los planteamientos está la ampliación de los supuestos de peligro de sustracción del imputado, crear la figura de “pruebas anticipadas” por ejemplo en delitos sexuales o contra menores de edad, y que las declaraciones de ilegalidad en la detención de un presunto responsable sean apelables.
Sobre las denuncias anónimas, estableció que si bien carecen de valor probatorio, se debe modificar la ley para que sí puedan ser un elemento para abrir líneas de investigación y se propuso que las órdenes de aprehensión o cateo puedan dictarse desde lugares distintos a donde se comete el delito.
Esto porque -explicó- “del lado de gobiernos estatales o el mismo gobierno federal, las fiscalías y las procuradurías se han encontrado con la dificultad de que el lugar donde se debe ejecutar una orden de aprehensión o de cateo existen informantes incluso dentro de las instituciones, que contengan información de las diligencias que se pretendan hacer” así que para el éxito de las órdenes de cateo o aprehensión, se propone que se puedan solicitar en lugar diverso a la comisión del delito.
Sobre la posibilidad de ingreso de la autoridad a un lugar cerrado cuando se esté en un supuesto de flagrancia y el o los imputados se introduzcan ahí para evadirse, en el documento se detalla que en esos casos el Código señala que es válido sin autorización judicial pero “con el consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgar permiso”.
Además se establece el deber de “informar de esta circunstancia al órgano jurisdiccional dentro de los cinco días siguientes y presentar a la persona que haya otorgado el consentimiento” lo cual no siempre es posible, por lo que –se plantea- debería bastar la autorización previamente dada.
Con estas propuestas “se trata de darle dientes al Estado, se trata de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a la ofensiva, se trata de tener una nueva ley y que no sea letra muerta (pues ) hoy el Estado mexicano carece de efectividad en el combate al crimen organizado ” dijo Murat.
“Hemos decidido acompañar esta presentación” dijo García Jiménez (Morena) para que se abra el debate pues la ley es perfectible. La idea es ir a un Código Federal de Procedimientos Penales para abatir la impunidad. “No aspiramos a que lo presentado vaya al pleno y se apruebe tal cual”, agregó.
A las propuestas expuestas por Murat, el mandatario de Hidalgo, Fayad, quien es vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) agregó por ejemplo, la necesidad de incorporar al artículo 19 de la Constitución y como delito que amerite prisión preventiva oficiosa, el robo no sólo a transporte de carga sino el robo con violencia en transporte público de personas, que está ausente, e incluir también la extorsión agravada.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, ofreció que habrá discusión amplia y plural, que incluya al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la República, a la sociedad civil y se tendrá lista una propuesta de reformas en septiembre próximo.
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