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A un día de la conmemoración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo que no hay una sentencia condenatoria por los desaparecidos y desde ese punto de vista, la investigación debe realizarse de manera oficiosa, además hay un plazo razonable que también ya se extiende en el tiempo.
“Son nueve años, el 26 de septiembre se cumplen nueve años en que los padres ni la sociedad saben qué ha pasado con la participación, realización, procedimiento que se levantó en torno a esta desaparición forzada. Desde ese punto de vista diríamos que en el tema particular del Caso Ayotzinapa, en esos tres niveles, para poder avanzar, tendríamos que trabajar en la necesidad de conseguir una Fiscalía que realmente sea independiente y autónoma.
“Una Fiscalía no puede estar al vaivén de las órdenes del presidente de la República solamente, ni del fiscal general cuando quiera o no quiera investigar el fiscal. La Fiscalía tiene que tener una característica de independencia y autonomía donde le permitan llegar hasta los niveles que muestren la investigación para juzgar y sancionar”, aseveró Buitrago en videoconferencia durante un foro convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Advirtió que mientras no haya “independencia real” y “autonomía real” no se tendrá la posibilidad de avanzar en el término de acceso a la justicia, derecho a saber, derecho a la verdad, pero mucho menos al derecho de la posibilidad a la reparación del daño frente a los elementos que toda la jurisprudencia y doctrina ha establecido.
Durante el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa ¿Qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”, la experta remarcó que no se ha rehabilitado a los padres ni familiares, además que no se han tomado las medidas necesarias para generar una posible reparación en términos integrales; tampoco se ha podido establecer cuál es el nivel real de acompañamiento.
“Quiero ser clara, que si bien es cierto se han dado medidas aleatorias en términos de salud en algunos problemas físicos o psicológicos, pero no ha habido tampoco una política clara o contundente (...) El tema más grave es que cuando llegamos a un elemento de clarificación que se posee por las Instituciones del Estado como es Sedena, Marina, ahí hay inmediatamente un pare absoluto.
“Si bien es cierto y también hay que decirlo, que en el tema se permitió ir recorriendo caminos para abrir archivos militares, en el momento en el que se encuentra la información que se reflejan en los informes 3, 4, 5 y 6 del GIEI, también se llegó a socializar de manera intencional el hecho de que no hay más documentación, creemos que la documentación por si sola explica esos informes, pero además reporta que hay más información que debe salir a la luz”, resaltó.
La experta manifestó que para avanzar, hay que generar esta revisión y exigibilidad: “No es una benevolencia, es una obligación de que todos estos documentos producidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, producidos por Sedena en un seguimiento permanente tengan que ser conocidos por la sociedad mexicana”.
Indicó que en cuanto se omita saber qué ocurrió con los estudiantes, no habrá verdad que valga, sino se llega a establecer ese paso y ese tiempo.
“Para poder seguir avanzando tiene que haber una decisión real y no solamente una decisión política, una decisión de justicia en los entes de justicia de la Fiscalía y los jueces, que tienen que tener claridad sobre toda la necesidad de la prueba.
“Pero que, sin lugar a dudas la repercusión que también tiene el negar estos elementos probatorios para de una u otro forma evitar que se sepa el nivel de actuación, el nivel de deshumanización que se tuvo el día 26 y 27 de septiembre”, consideró Buitrago.
Comentó que mientras la sociedad genere una permanente petición de que se esclarezcan los hechos, habrá justiciar justicia.
“Mientras tanto creemos que hay instituciones que necesitan un poco de ayuda en esta independencia de autonomía y necesitan seguir generando personas que con toda la independencia e imparcialidad puedan investigar estos casos”, puntualizó.
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