A pesar de la política de austeridad republicana que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ) desembolsó más de un millón de pesos para el mantenimiento de oficinas en Palacio Nacional , y que también incluyó la instalación de mármol en baños.
En el expediente del contrato DOM-AD-01-2021, cuya copia posee EL UNIVERSAL , se detalla que por el mantenimiento a piso de parquet y zoclo existente, suministro de pintura vinílica en muros y platabandas, así como por la compra y colocación de mármol en baños de hombres, la Dirección General de Recursos Materiales, Obras Públicas y Servicios Generales de la SHCP pagó un millón 191 mil 424 mil 60 pesos.
El contrato por estos trabajos -que fueron realizados entre enero y febrero pasado- fue entregado en adjudicación directa a la empresa Mantenimiento y Construcciones Malvin S.A .de C.V. y fue otorgado de esta manera al argumentar que lanzar una licitación pública se conocería información de seguridad reservada, como la distribución de instalaciones de Palacio Nacional, conocer el número de elementos de seguridad con que cuenta el inmueble y los puntos de acceso al mismo.
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Entre las justificaciones que dio Hacienda para esta remodelación se encuentra el objetivo de “preservar la seguridad nacional”, debido a que, indicó, en Palacio Nacional se encuentra el despacho y otras áreas destinadas al presidente López Obrador donde se atienden asuntos de su agenda de trabajo y seguridad, además de que se realizan cada mañana conferencias de prensa.
“Además de desarrollarse en éste las principales ceremonias protocolarias en las que el Presidente de la República recibe a los Jefes de Estado de gobiernos extranjeros, razón por la cual, existen en su interior zonas de acceso restringido y controlados, así como instalaciones especiales, que son custodiadas permanentemente”.
La SHCP también argumento que al interior del edificio construido en el siglo 16 existen instancias que son consideradas como de seguridad nacional y donde “el Ejecutivo federal actualmente tiene su sede en Palacio Nacional; Palacio Nacional dispone de una superficie aproximadamente de 45 mil 340 metros cuadrados distribuidos en un promedio de cuatro niveles, al cual acuden de manera diaria cerca de 2 mil 102 funcionarios a laborar, y donde actualmente reside el Presidente de la República”.
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El 24 de abril del año pasado, el presidente López Obrador presentó un decreto de 11 puntos que se centran en reforzar las medidas de austeridad, escalar programas de apoyo social y continuar la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de su gobierno, para enfrentar la amenaza de la pandemia del Covid-19 .
En el octavo punto destacaba que se “aplicará la Ley Federal de Austeridad Republicana de manera rigurosa”.
Justifican adjudicación directa
En la página 20 del “Dictamen de Justificación de Excepción a la Licitación Pública” se argumenta que esta contratación se entregó de manera directa debido a que hacerlo por licitación pública se revelaría información relevante como la distribución de instalaciones de Palacio Nacional, con la cual el contratista “estará en posibilidad de conocer de forma integral la conformación de la infraestructura del mismo”.
“(Conocería) los sistemas de seguridad instalados al interior de Palacio Nacional, así como el número de elementos de seguridad con que cuenta el inmueble y los puntos de acceso al mismo; la existencia y ubicación de la infraestructura eléctrica , así como las medidas de seguridad para el mejor y acceso a las mismas”.
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El documento indica que revelar esta información pondría poner en “grave riesgo” la normalidad de las actividades que se desarrollan en el inmueble de Palacio Nacional, así como la seguridad del Presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Hacienda y demás personal de ahí labora, “incluyendo desde luego, información que ahí se genera y resguarda, así como la seguridad de los turistas y visitantes que acuden a dicho inmueble.
“La licitación púbica se caracteriza por ser un procedimiento que tiene como principal finalidad garantizar la libre participación de cualquier prestador del servicio. En ese sentido, dicho procedimiento de contratación favorece la intervención de cualquier persona, lo cual en el caso concreto, dado la ubicación en donde se realizarán los trabajos no sería conveniente”.