Más Información
Ante llegada de Trump, la defensa de los mexicanos será prioridad, afirma Claudia Sheinbaum; ya hay una estrategia, dice
¿Quién le teme a Donald Trump en China?; “México debería ser nuestro amigo”, dicen chinos desde el paraíso de la piratería
Ante retorno de Trump, EU despliega alambre de púas contra migrantes en la frontera; refuerza seguridad
Otra vez en Michoacán, realizan homenaje a “El Mencho” en Tanhuato; acompañan con fuegos artificiales, banda y foto gigante
Arde Michoacán: Se enfrentan militares y célula del CJNG en Zitácuaro; reportan narcobloqueos e incendios de comercios
justiciaysociedad
Al iniciar ayer el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, garantizó un marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Ante el pleno, Aguilar Morales afirmó que el tema se analizará de “frente al control de un esquema legal que, atendiendo a la realidad del país, limite y contenga las reglas precisas para la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de la problemática de carácter interno, mirando siempre la cabal vigencia de los derechos humanos”.
Dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia del país se irán pronunciando conforme “a las convicciones jurídicas propias en ejercicio de nuestra independencia judicial, esencia de este tribunal constitucional”.
“Las distintas posiciones que han sido planteadas por los señores ministros son reflejo de la complejidad del tema que tenemos a debate cada uno de los integrantes de este pleno”, añadió.
Durante la sesión de ayer, los ministros revisaron la procedencia de las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior presentadas por el partido Movimiento Ciudadano (MC), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores y diputados de la pasada 63 Legislatura.
Mañana, los ministros iniciarán con el debate de fondo relativo al argumento en el que se sostiene que el Congreso de la Unión no tiene competencia para legislar sobre la materia de seguridad.