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Por el fallido operativo de detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, integrantes de la organización Futuro 21 —conformada principalmente por liderazgos del Partido de la Revolución Democrática (PRD)— interpusieron ayer una solicitud de juicio político en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Ayer, en breve entrevista al concluir la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, Durazo Montaño dejó claro que no dimitirá a su encargo: “Estos puestos ni se buscan ni se renuncia a ellos, se asume la responsabilidad”.
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La noche del martes, el Senado avaló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acuda a comparecer para abordar los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, y el estado que guarda la seguridad en el país, además de enviar, en breve, un informe de lo ocurrido hace una semana en Culiacán.
De acuerdo con el abogado de Futuro 21, Antonio Vázquez, el funcionario federal puso en riesgo a las instituciones democráticas y el buen funcionamiento de las instituciones de una entidad, mismas que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé como causales de juicio político.
Durazo es responsable por “desplegar un operativo sin inteligencia, con improvisación”, lo que puso en riesgo a la población de Sinaloa y eso amerita el juicio político, a lo que se suman posibles responsabilidades penales, como lo es haber propiciado la evasión de un detenido, expuso.
No hay excusa para que no proceda el juicio político, pues en 2005 ya hubo uno contra “un jefe de Gobierno del Distrito Federal”, que era Andrés Manuel López Obrador, hoy titular del Ejecutivo, recordó Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD. “Ahora no estamos hablando de la obstrucción de una calle, estamos hablando de algo muchísimo más grave para la estabilidad nacional”, sostuvo.
Hay clara responsabilidad de Durazo y “veremos de qué está hecho Morena” cuando se discuta la procedencia del juicio político, a ver si de verdad ataja la impunidad, planteó la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, tras entregar la solicitud de juicio político en la Oficialía de Partes de San Lázaro.
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Los dirigentes fustigaron el argumento de que la liberación de Ovidio Guzmán fue para proteger a la población. López Obrador plantea “un falso y tramposo” dilema que es inadmisible, argumentó Jesús Ortega, exlíder nacional del PRD, “el falso dilema es: ‘¿Qué quieren?, ¿que aprehendamos a los delincuentes o que garanticemos la seguridad de las personas?’”.
