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A las puertas del hotel Acapulco un grupo de chicas lucen abatidas y vulnerables mientras intentan atraer clientes a mitad del día. Lo hacen musitando palabras cortas, imposibles de comprender.
La primera planta del hotel es una marisquería que comparte pared con un segundo albergue para el negocio carnal: Rapid Inn. Cualquier residencia puede atender este comercio: por media hora de trabajo sexual, estas chicas pueden ganar la irrisoria suma de 200 pesos mexicanos (alrededor de US$10).
Ubicados en la intersección de las avenidas Coahuila y Constitución entre las oficinas de la policía municipal y de tránsito de Tijuana, estos establecimientos no son sino una parte de una vasta red de trabajo sexual que a menudo está impregnada de abuso, violencia y, en algunos casos, de trata de personas.
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Tijuana, como muchas ciudades, parece tener un sistema de dos niveles. En un nivel están los que se acercan a los transeúntes en las calles. Estas mujeres y niñas son controladas por proxenetas, quienes a menudo forman parte de pequeños clanes familiares, que también pueden trabajar con organizaciones criminales. Operan en los alrededores de los hoteles, bares, clubes nocturnos, puestos de comida, tiendas de autoservicio y peluquerías que conforman el distrito rojo.
A una cuadra está el nivel dos. Allí, tres clubes de caballeros prominentes: Adelita Bar, Las Chavelas y Hong Kong, han sido pilares del trabajo sexual durante décadas. Afuera, varios cajeros automáticos que dispensan dólares estadounidenses aseguran que los clientes tengan suficiente efectivo para pagar un encuentro de 20 minutos o servicios adicionales en una suite privada.
Las mujeres que trabajan en estos clubes han negociado acuerdos con los propietarios, según varias trabajadoras sexuales que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato. Intercambian parte de sus ganancias por protección contra clientes abusivos y violentos, así como el derecho a dejar de trabajar cuando les plazca.
La parte oculta de este negocio también está cerca. A lo largo de la Avenida Revolución, una de las principales vías de la ciudad que atraviesa una parte del distrito rojo, las madres de los desaparecidos cuelgan volantes de sus seres queridos. Los volantes están llenos de información y fotografías de sus amadas hijas, esperando cualquier ayuda que pueda conducir a un avance. Algunos de los casos ya tienen años.
Un monstruo en casa
En un pequeño refugio en las afueras de Tijuana un voluntario estadounidense ofrece lecciones de guitarra a un grupo de infantes en la estancia principal. Los niños tienen un promedio de 11 años. Todos son víctimas de abuso sexual y, más de uno, de explotación, la mayoría a manos de sus propias familias y de redes de trata.
De hecho, fue en casa donde comenzaron muchos de los problemas de las víctimas. Los miembros de la familia tienen que ver casi en la mitad de los casos de trata de niñas y niños en todo el mundo, según datos de las Naciones Unidas.
En el refugio, todos están bajo cuidado permanente de un equipo de personal dedicado y trabajadores sociales, en parte porque los niños víctimas de abuso sexual huyen de sus hogares y, por lo tanto, son algunos de los más vulnerables a la trata de personas. La forma que asume la trata varía, pero los funcionarios del refugio dijeron que va desde el trabajo sexual hasta la pornografía infantil.
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El refugio tiene dos niveles y un jardín de dimensiones modestas. Inicialmente fue una vivienda de interés social dentro de un complejo de gobierno. Hoy tiene capacidad para albergar a una docena de menores. La asociación civil que mantiene el refugio opera uno más, ligeramente mayor, dispuesto para niñas igualmente violentadas.
“El problema [abuso sexual infantil] es muy fuerte”, como le relató a InSight Crime una trabajadora que solicitó el anonimato por lo delicado de su trabajo. “Nosotros solo contribuimos con lo que podemos”.
A mediados de la pasada década, el aumento en la desaparición de niñas y niños en barrios populares de Tijuana llamó la atención de un grupo de cristianos. A sus templos llegaban madres y padres sumidos en el dolor a pegar pesquisas en los muros y en busca de algo de alivio espiritual. No tardaron en organizarse: decidieron llamarse “No más cuartos vacíos”. Se manejan con bajo perfil, casi nadie los conoce y nunca antes buscaron ni tuvieron contacto con periodistas. Si ahora lo hacen, es porque el número de víctimas se ha disparado y no hallan otra forma de manifestarlo.
“Es la primera vez que damos una entrevista”, dice la psicoterapeuta del grupo, quien también solicitó el anonimato por razones de seguridad. “Han [sic] habido situaciones en las que, por alguna imprudencia, han sucedido amenazas directas”.
Es comprensible. Diariamente los integrantes del grupo ingresan en colonias que la misma policía deja fuera de sus rondas de vigilancia. Son concentraciones de la periferia, en donde ocurre una gran parte de los asesinatos de la ciudad.
Aun así, en los templos y comedores que manejan en una decena de barrios periféricos han sabido mezclarse entre el resto de los religiosos y pasar desapercibidos a la hora de brindar la terapia y la asesoría que tanto necesitan las víctimas. Actúan así porque hasta allí llegan los explotadores a acosar a sus víctimas y a sus familias.
La psicoterapeuta se unió al grupo después de no saber cómo responder a una pregunta muy básica: ¿Por qué hay desapariciones de niñas y niños? En poco tiempo, dijo, “nos fuimos dando cuenta de que hay todo un monstruo”. Pero, ¿cómo era ese monstruo y cómo operaba? La respuesta a esas preguntas ha sido mucho más difícil de encontrar.
Más allá de las estadísticas oficiales sobre el crimen, hay poca información pública disponible sobre la trata de niños. Y si bien la Procuraduría de la Defensa del Menor está llena de volantes de niñas y niños desaparecidos, hay poco reconocimiento oficial o acción para enfrentar el problema.
Así, la idea central del grupo es llegar a la mayor cantidad de infantes desaparecidos o en cautiverio para tratar de rescatarlos, dice la psicoterapeuta. Pero se trata de un fenómeno sin fin. Han descubierto que el monstruo sigue produciendo más víctimas.
“La historia que estamos viendo con todas estas personas es que desde que fueron menores de edad han sido víctimas de abuso sexual; ya hay antecedentes de haber sido explotados de alguna forma por sus familias o por [miembros de] su entorno cercano”, explicó la psicoterapeuta.
“Claro que existen redes delictivas, pero hemos encontrado que esas redes están en su mismo entorno familiar o son de los lugares en los que viven”.
Marginadas y vulnerables
En el extremo opuesto de Tijuana, los refugios para miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer o intersexual (LGBTQI+) intentan proteger a quienes albergan de las presiones insoportables que enfrentan afuera. La mayoría de sus problemas también comenzaron en casa.
Estigmatizados, maltratados y condenados al ostracismo, los miembros de la comunidad LGBTQI+ tienen muchas más probabilidades de abandonar sus hogares a una edad temprana, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Esto los deja en posiciones extremadamente vulnerables.
En las calles, el rechazo social puede ser la menor de sus preocupaciones. Lo que verdaderamente los aterroriza es el acoso implacable de los delincuentes, muchas veces facilitado por la inacción o complicidad activa de las autoridades y la participación de negocios legales como clubes nocturnos y hoteles.
“En México el simple hecho de ser persona de la diversidad sexual implica luchar por nuestra sobrevivencia”, dice el director de uno de estos refugios, que aceptó hablar bajo anonimato.
Durante años, los miembros de la comunidad LGBTQI+ han sufrido una discriminación constante y generalizada que a menudo pasa desapercibida. Aquellos que han sido víctimas de trata se vuelven aún más invisibles. La comunidad transgénero, en particular, es explotada para el trabajo sexual y muchas otras actividades ilegales.
“En algunas partes suelen ser reclutados para trabajar para los carteles del crimen organizado como tiradores de droga o en cosas turbias, como vigilantes, como halcones”, explica el director.
Otros trabajan en restaurantes o bares, agregó el director. Pero debido a la falta de oportunidades formales, muchos también recurren al trabajo sexual.
“Para poder generar o ganar un ingreso adicional entran al trabajo sexual y este va ligado a una red de trata, de trabajo sexual, de vicios, de drogadicción. Va ligado a que tú seas coercionado [sic] a estar ahí”, dice el director del albergue, donde había 43 refugiados el día de la visita de InSight Crime.
Muchas y muchos de ellos, dijo el director, fueron víctimas de explotación. A veces, la violencia que enfrentan se vuelve letal. Pero cuando un miembro de la comunidad LGBTQI+ es asesinado, dijo el director, “no pasa nada”.
El miedo constante que sienten se ve exacerbado por el nivel de impunidad que rodea a los asesinatos de las mujeres trans. En años recientes fueron asesinadas dos de ellas en Tijuana y Ensenada. Una tenía 26 años. Fue atada de pies y manos y así le prendieron fuego dentro de su propia vivienda. La segunda, de 28 años, murió tras recibir varias puñaladas. También se hallaba en su casa. Las autoridades no han arrestado a ningún sospechoso en relación con los asesinatos.
“Si eres transexual eres una persona mucho más vulnerable [que el resto]”, dice Jacqueline Aguilar, activista transgénero radicada en Ensenada, 100 kilómetros al sur de Tijuana. “Si la persona [trans] logra huir es muy difícil que las autoridades le hagan caso. Las autoridades no creen que una persona transexual o transgénero pueda llegar a ser abusado en trata de personas. Pero sí las hay”.
Ella misma fue empujada al trabajo sexual como una forma de sobrevivir cuando solo tenía 13 años. Pero en 2010 llegó a este puerto y olvidó ese pasado para convertirse en una de las principales activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans.
El movimiento que encabeza ha logrado cambios sustanciales en la ley y en la conducción de las autoridades. Dice que los policías ya no abusan sexualmente a las mujeres transgénero que trabajan como trabajadoras sexuales y que la extorsión hacia ellas ha disminuido. El peligro, sin embargo, sigue vigente. En noviembre de 2021, Alicia Díaz, una activista del movimiento, fue degollada dentro de su hogar. Tenía 22 años.
Aguilar ha sido testigo de los mismos patrones criminales en cada víctima que ha encontrado. Algunas son obligadas a ejercer la prostitución en varias ciudades por sus parejas, mientras que otras son víctimas de alguna red criminal.
“Las que tienen oportunidad de huir, lo hacen. Pero cuando esas personas [que las explotan] se dan cuenta, pues las matan”, ella explicó.
Un crimen transformado
Fue en 1992 cuando Víctor Clark realizó sus primeras entrevistas con trabajadoras sexuales y proxenetas en Tijuana. Clark es un antropólogo que luego fundó el Centro Binacional de Derechos Humanos y fue uno de los primeros en documentar la trata sexual en la ciudad.
Cuando comenzó, Clark relató cómo los proxenetas se basaban en la seducción y la coerción para controlar a múltiples víctimas. Por su parte, las víctimas a menudo lucharon por verse a sí mismas como tales, algo común en este espacio debido a las formas en que son coaccionadas y manipuladas.
Más de dos décadas más tarde, al arribo de una nueva generación de proxenetas, dice Clark, aquellas redes compuestas por padres, hermanos y primos se transformaron en estructuras mucho más complejas.
“Ya no era el hermano y el primo”, explicó.
Clark señaló un encuentro que tuvo con un proxeneta en Tijuana hace unos 15 años que le había presentado a una mujer venezolana.
“Entonces comencé a descubrir o me comenzaron a decir que contrataban coyotes para empezar a traer centroamericanas”, agregó. Esta táctica “[marcó] una transición en sus procesos de organización más complejos, más como una copia del crimen organizado para traer venezolanas, centroamericanas”.
Tijuana ha sido una ciudad de transiciones. Como explicó Clark, hasta mediados del siglo pasado, la zona norte estaba conformada por tierras de cultivo. Pero a medida que la urbanización se afianzó, la gente vino a alimentar sus vicios con las drogas, el sexo y, durante la prohibición en los Estados Unidos, el alcohol. Así fue como en Tijuana florecieron el crimen y la corrupción antes que en casi cualquier otro territorio de México.
Al término de la Segunda Guerra Mundial el centro de Tijuana se expandió entonces hasta la línea limítrofe con California. Fueron construyéndose viviendas para inmigrantes, en su mayoría empleados en bares y cantinas del área, así como hoteles de paso concebidos esencialmente para quienes buscaban cruzar hacia Estados Unidos.
Poco a poco, sin que nadie tenga registro preciso de ello, la pequeña manzana que comprende la avenida Coahuila y su primer callejón, entre Constitución y Niños Héroes, fue consolidándose como el punto neurálgico de la venta carnal y de la trata de personas, como resultado de la sofisticación de las operaciones de los grupos criminales.
Clark denuncia que esto sucede a plena luz del día, sin ninguna interferencia de las autoridades. “Nunca he sabido que los molesten ni tampoco que ellos sobornen a nadie”, dice el antropólogo.
La prostitución está permitida en el distrito rojo, una designada “zona de tolerancia”, pero no todos se dedican al oficio voluntariamente.
“Son muchos padrotes, un montón”, prosigue. “Yo les he preguntado, ‘¿cuántos son?’ Y ellos me dicen: ‘Un chingo, director, somos muchos. Hay muchos pueblos que están produciendo padrotes’”.
Cuando se le preguntó cuántos habían sido acusados y procesados penalmente en Tijuana, suspiró.
“Casi a nadie”.
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Del mismo modo, ninguna investigación policial ha establecido un vínculo directo entre la pornografía infantil y el abuso sexual infantil y los niños desaparecidos en Tijuana. Pero algunas personas, como Heriberto García, exprocurador de los Derechos Humanos de Baja California, llevan años insistiendo para que se indague sobre la explotación sexual que tiene como víctimas a niños y niñas.
Para García es claro, pese a todo, que un fenómeno de trata no se limita a redes familiares, menos en una entidad como esta, que forma parte de uno de los corredores económicos más poderosos del planeta. En Tijuana y toda la Baja California, las estructuras del crimen organizado son omnipresentes, dice.
“No hay negocio en el que no metan la mano [los grupos del crimen organizado]”, dijo. “Y qué pasa afuera, pasa todo: desaparición de personas con fines de simple desaparición o con otros fines, que no dudo que sea trata de personas. ¿Por qué se ha detonado? Por impunidad. No pasa nada aquí”.
Una crisis de desaparecidos
Hay muchos grupos que están luchando para llamar la atención sobre este problema. El 8 de marzo de 2022, por ejemplo, grupos de movimientos feministas y familias con niñas y jóvenes desaparecidas marcharon por las principales avenidas de Tijuana. La manifestación fue solo una de miles en todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer.
Pero en lugares como Tijuana, tenía una urgencia especial. A su paso dañan edificios, monumentos y paraderos de transporte público. La furia y la frustración provoca que la sede del gobierno municipal en la capital del estado haya quedado parcialmente destruida por el fuego.
Sobre la explanada, distinguiéndose de infinidad de consignas escritas con aerosol, se lee una en color púrpura que da cuenta del ánimo colectivo: “Fuimos Todas”.
A partir de 2015, más de 6.000 mujeres, la mayoría menores de 25 años, engrosaron los registros de desapariciones en el estado, según datos de la Secretaría de Enlace con Organismos de la Sociedad Civil de la Secretaría General de Gobierno. Un conteo más reciente, de junio de 2022, realizado por el grupo interdisciplinario feminista, Elementa DDHH, hace referencia a más de 14 mil 400 personas desaparecidas en la entidad, casi la mitad de las cuales son mujeres menores de edad, entre los 12 y los 17 años.
Entre 2007 y 2021, los datos oficiales mostraron que la tasa de desapariciones en Baja California se disparó de 15.5 por cada 100 mil habitantes a alrededor de 76. Hay fuertes sospechas de que el desproporcionado aumento de desapariciones de los últimos años tiene relación con la explotación sexual y la trata de personas, señala Gabriela Navarro, nombrada en diciembre de 2021 como Comisionada Interinstitucional Contra la Trata de Personas en Baja California.
“Creo que la explotación sexual está de por medio en muchos de esos casos”, le dijo a InSight Crime. “Hay crimen organizado, lo ha habido.”
Pero es más difícil decir qué papel desempeñan las organizaciones criminales. La comisionada citó un par de casos a los que asistió en persona para corroborar sus conclusiones. En uno de ellos pudo escuchar el audio en el que el secuestrador se identificaba como parte de una célula criminal. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que algunos de los victimarios pretendan ser parte de grupos del crimen organizado para manipular a sus víctimas.
Los casos de trata de personas han sido mucho más comunes a lo largo de la frontera norte del país. Entre 2017 y 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un diagnóstico con todas las fiscalías estatales, la fiscalía federal, así como las especializadas en Delitos de Violencias contra las Mujeres y la Trata de Personas, y la Delincuencia Organizada. En este balance, Baja California apareció como una de 19 entidades que reportó víctimas todos esos años, la mayoría de ellas mujeres jóvenes y menores de edad.
Tanto el diagnóstico de la CNDH como otros elaborados a nivel local hablan del fenómeno de trata en Tijuana y el resto del estado como consecuencia de su condición fronteriza. Bajo ese criterio dominante, el perfil de las víctimas parece homologarse con su condición vulnerable. Ya sea porque son inmigrantes o personas en tránsito, o porque forman parte de los núcleos de pobreza, son presa más fácil de captores que terminan por explotarlas sexual o laboralmente.
Navarro reflexiona sobre ello y cree que una explicación plausible puede hallarse en el desconocimiento que existe sobre el tema, no solo entre la ciudadanía sino entre los propios funcionarios encargados de contrarrestarlo, así como en la falta de presupuesto que impide investigaciones profundas. Habla de la necesidad de establecer una cultura del entendimiento entre la sociedad y de generar, en igual medida, conocimiento jurídico que detone la sensibilidad de los investigadores y ministerios públicos.
Pero todo ello se atora en el denso velo de la desconfianza que existe sobre la autoridad, sea federal o estatal, civil o militar. La razón es simple. Se llama impunidad.
Una batalla cuesta arriba
Es posible que Adriana Lizárraga cuente con las acreditaciones suficientes para dirigir la Unidad de Investigación Especializada en Combate a la Trata de Personas en Baja California.
En 2009 trabajó con víctimas de delitos sexuales y dos años más tarde encabezó una primera unidad estatal contra la trata; en 2012 se integró a la entonces Procuraduría General de la República para trabajar casos de explotación y cuatro años después fue nombrada titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
En tal condición dice haber realizado diligencias en Nueva York y Florida con víctimas mexicanas, interrogado en México a mujeres de Venezuela y Colombia que fueron rescatadas de sus explotadores, y de haber incidido para incluir la pornografía infantil como parte de la ley de trata.
El problema es que los números de la dependencia que maneja son pobres.
Como fiscal a cargo, en el primer trimestre de 2022 emprendió investigaciones en solo dos casos por explotación sexual y uno de pornografía infantil. De los dos primeros pudo iniciarse el proceso, no así del segundo. Pero en ninguno hay sentencia condenatoria. Lizárraga atribuyó la falta de resultados a varios factores. Del exfiscal señala que solo se dedicó a capacitar al equipo sin emprender trabajo en campo ni atender denuncias. La extrema escasez de datos sobre la trata de personas en años anteriores también ha dificultado su trabajo.
Pero la gente ha notado la inacción. Decenas de familiares de personas desaparecidas han protestado frente a las oficinas de la fiscal en la glorieta erigida en memoria de Cuauhtémoc. Puede ser en vano. Lizárraga dice que es algo que la unidad bajo su cargo no indaga. Para ello, existe una fiscalía especializada dentro del mismo estado. Además, ella está convencida de que la trata está más ligada a negocios de familia que a estructuras criminales grandes y complejas.
“La mayoría de los casos de trata se integran como delincuencia organizada por el número de personas que participan”, explica. “Pero aquí es una familia por lo regular. Va a ser muy raro, […] pero no creo que ellos [grandes grupos del crimen organizado] se dediquen a explotar personas. A lo mejor piden los servicios, no lo dudo, pero no es que estén detrás”.
Lo que le ha tocado intervenir como jefa de la unidad es un caso que incluye a una familia completa en la explotación sexual de una joven. Para forzarla o mantenerla cautiva, cuenta, mantenían a la hija de la joven bajo cuidado de la suegra, en Tlaxcala. Lizárraga dice que ese tipo de red familiar es clásica. Es decir, muchas de las mujeres explotadas que vienen del centro y sur de México son separadas de sus hijos y con ello las controlan por completo.
Aun así, a pesar de sus mejores esfuerzos, dijo, no hay acusaciones criminales ni sentencias relacionadas con ninguna de esas redes de trata. En todo caso, tal y como alude Navarro, para la comisionada interinstitucional para la trata, puede que pese más la pobreza institucional que las buenas intenciones.
*Este artículo es el segundo de una investigación de tres partes, “Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México”, que analiza cómo operan las redes de trata de personas en diferentes puntos de la frontera norte de México con Estados Unidos. Lea la investigación completa aquí.
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