El llamado Fondo de Pensiones del Bienestar que pretende crear Morena se iniciará con un fondo semilla que será insuficiente para pagar las pensiones al 100%, como ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hasta el momento sólo tiene “garantizado” (porque depende de cuántos reclamos de recursos haya) 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas de los trabajadores mayores de 70 años del IMSS y de 75 años del ISSSTE.
Cifra mínima si se compara con los 1.5 billones de pesos que en 2024 se ejercerán para cubrir las pensiones de cerca de 25 millones de empleados afiliados al Seguro Social (la gran mayoría) y al ISSSTE, en ambos casos bajo el viejo régimen.
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Es por ello que legisladores y funcionarios de la autollamada Cuarta Transformación han tenido que salir a dar propuestas para tomar recursos de diferentes partes, mismas que no están contempladas en el dictamen que aprobarán Morena y sus aliados la próxima semana. Desde tomar parte de las utilidades del Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transístmico; ahorros presupuestales del gobierno federal; adeudos de entes públicos al SAT, hasta incluir los remanentes del presupuesto de la Cámara de Diputados.
Por esta situación, inclusive, en el dictamen de la Comisión de Seguridad Social no está definido el monto que se traspasará de las cuentas inactivas; los adeudos de estados y municipios al ISSSTE; la extinción de la Financiera Rural; de la enajenación de los inmuebles del ISSSTE y los ingresos pagados por los créditos fiscales federales que realicen las entidades federativas y sus municipios.
“La cifra definitiva se sabrá en el momento en que se constituya el fideicomiso”, dijo en días pasados la diputada Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social y promovente de la iniciativa, junto con el diputado Ignacio Mier.
Incluso, no es seguro que dichos recursos que contemplan tomar para el fideicomiso estén disponibles, ya que el dictamen especifica que se transferirán sólo “los recursos remanentes que resulten a la conclusión del proceso de liquidación” de la Financiera Rural. Como tampoco es seguro que el gobierno federal pueda otorgar pensiones de 100% del último salario de los trabajadores.
España, que tiene uno de los mejores sistemas de pensiones, paga una tasa de reemplazo de 80%, pero los patrones y trabajadores aportan a la cuenta 27% del salario. En comparación, en México se aporta 9%, y el trabajador apenas 1%.
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Ayer, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró que al Fondo de Pensiones también se destinará 75% de los ingresos por incautaciones; 25% de las utilidades de las entidades paraestatales sectorizadas en la Sedena y Marina, y adeudos de entes públicos ante el SAT.
Mismas propuestas que contiene la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional, enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de 2024.
La propuesta también plantea que el Fondo de Pensiones del Bienestar reciba “donaciones o cualquier tipo de aportación proveniente de cualquier persona física o moral sin que por ese hecho se consideren fideicomitentes o fideicomisarios o tengan algún derecho sobre el patrimonio fideicomitido”.
El Jefe del Ejecutivo también propuso crear el fondo con el fideicomiso del Poder Judicial con el que se financia el mantenimiento de casas de jueces, magistrados y ministros, así como los recursos financieros y economías que se generen por la eliminación de los órganos autónomos, reguladores, desconcentrados y organismos descentralizados.
El 18 de abril pasado, el subtitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, afirmó que el Fondo de Pensiones estará financiado en su mayoría por ahorros presupuestales y en menor proporción por los recursos que se tomarán de las cuentas inactivas de las Afore.