La empresa fachada denominada Energía Ecorenovable, que operaba la en , no sólo se enfocaba en temas de combustibles, sino que buscaba construir puentes, presas, carreteras y edificios públicos, pero además pretendía producir embutidos, refrescos y bebidas alcohólicas.

La escritura 17725 de la empresa —presentada en junio de 2017 ante el Notario Público 34 en Villahermosa, Tabasco, y a la cual tuvo acceso — detalla que la firma también tenía por objeto prestar servicio de autotransporte de carga regular y especial, así como de desechos peligrosos, de instalación de rellenos sanitarios y tratamiento de residuos peligrosos.

En el documento se indica que los accionistas de la empresa eran Ramón Pérez Córdova, Sandra Luz Villegas Abad, Valentina Dionicio García y Jorge Felipe Martínez, y que el capital social de la empresa ascendía a poco más de 19 millones de pesos.

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La empresa también buscaba ofrecer asesorías profesionales en seguridad y ecología, contratación y venta de servicios de personal técnico especializado, y estudios y diagnósticos de contaminación, entre otros temas.
La empresa también buscaba ofrecer asesorías profesionales en seguridad y ecología, contratación y venta de servicios de personal técnico especializado, y estudios y diagnósticos de contaminación, entre otros temas.

“La sociedad tendrá por objeto (…) realizar obras públicas para el gobierno federal, los estatales o municipales y organismos descentralizados, tales como puentes, presas, pavimentaciones, carreteras, edificios públicos y cualesquiera otras que se requieran los servicios públicos. La producción, distribución, comisión, consignación, importación, exportación y comercialización en general de toda clase de productos relacionados con la industria alimenticia, incluyendo los perecederos, lácteos, congelados, frescos, embutidos, carnes, productos del mar y todo tipo de despensas.

“Además de todos los productos de la industria refresquera, jugos, néctares, agua embotellada, bebidas alcohólicas, vinos y licores nacionales y extranjeros”, se detalla en la página 9 del acta.

Se destaca que la empresa también buscaba ofrecer asesorías profesionales en materia de seguridad y ecología, contratación y venta de servicios de personal técnico especializado; estudios y diagnósticos de contaminación; atención de emergencias ambientales, así como saneamiento y restauración de sitios contaminados con hidrocarburos.

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También, de desarrollo de tecnología en el uso de energía y cuidado del medio ambiente, tratamiento de aguas servidas y potables, y eficientización del uso de la energía.

Energía ecorrenovable

Además, buscaba ofrecer el servicio de inspección para supervisión y mantenimiento a gasolinerías, plantas de almacenamiento y distribución de líquidos inflamables.

“Llevar a cabo los estudios, proyectos, presupuestos, diseños, planos y demás actos preparatorios que se requieran para realizar los fines anteriores”.

Socios

En la página 3 del acta se indica que la empresa tenía como accionistas a Ramón Pérez Córdova, Sandra Luz Villegas Abad, Valentina Dionicio García y Jorge Felipe Martínez.

El documento detalla que el capital social de la empresa en ese entonces ascendía a poco más de 19 millones de pesos.

EL UNIVERSAL reveló este martes que desde agosto de 2019, es decir, hace seis años, Energía Ecorenovable, la empresa fachada que operaba como una planta de tratamiento de residuos industriales, comenzó la destrucción de gran cantidad de árboles y vegetación para construir la minirrefinería.

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En una revisión realizada por este diario a imágenes de la plataforma Google Maps, se constató que en agosto de 2017 el terreno donde se encuentra esta planta ilegal estaba lleno de árboles frondosos y arbustos, colindante con la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Pero en agosto de 2019, en el mismo lugar, varios de estos árboles ya no existían y en su lugar aparecía un terreno con presencia de camiones y mobiliario industrial.

El Gran Diario de México también reveló que por talar ilegalmente árboles y vegetación para construir la minirrefinería, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el inmueble el pasado 25 de marzo; sin embargo, la planta ilegal continuó operaciones pese a la multa impuesta por casi un millón de pesos y promovió un recurso de revisión para impugnar la decisión de la dependencia.

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